Las claves del Tribunal de Cuentas para absolver a Botella por la venta de pisos públicos a un fondo
La sala revoca, con dos votos contra uno, la condena a la exalcaldesa de la capital y su equipo en 2013
La venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en 2013 no fue lesiva para las arcas municipales. Así lo considera la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que ha absuelto a la exalcaldesa de la capital Ana Botella y su equipo de Gobierno (PP) por el caso de las presuntas irregularidades en la venta masiva de pisos protegidos a fondos de inversión. Con dos votos contra uno entre los miembros de la sala, el órgano fiscalizador revoca su dictamen anterior, del pasado 27 de diciembre, al considerar que la operación se realizó mediante concurso público y sin que existiera «negligencia grave», habida cuenta de que contó con un plan de viabilidad financiera y acorde a las demandas del mercado.
La resolución del tribunal, firmada este miércoles, rechaza el recurso presentado por la EMVS –bajo el mandato de Manuela Carmena – sobre el valor por el que se vendieron estas viviendas a los denominados «fondos buitre» y, a su vez, atiende las alegaciones de Botella y sus concejales. Como informó ABC, el fallo inicial condenaba a los miembros de la Junta de Gobierno que el 20 de junio de 2013 ratificaron el plan de viabilidad de la entidad.
La sentencia afectaba al equipo de Gobierno y al consejero delegado de la entidad, Fermín Oslé, obligado a pagar en primera instancia 5,8 millones de euros. El escrito de la ponente María Antonia Lozano Álvarez señalaba, a Botella y al edil de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez; a la entonces concejal de Hacienda, Concepción Dancausa; al delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito; a Dolores Navarro; al titular de Las Artes Pedro Corral; y a Paz González, aquellos días responsable de Urbanismo y Vivienda. El Tribunal cifró entonces en 25,8 millones de euros el perjuicio que la venta ocasionó al patrimonio.
Informes favorables
La Sala de Justicia, sin embargo, ha dado un giro radical a la sentencia de diciembre y exonera a todos los acusados. Estudiadas sus alegaciones y las del Ministerio Fiscal, que no veía responsabilidad contable en la operación y no se adhirió a la denuncia de Carmena, concluyen que no hubo lesividad y que la operación se ajustó a Derecho. Los magistrados, además, destacan la existencia de informes que «no cuestionan» la transacción. Entre estos, incluso, de la Intervención municipal.
La absolución se sustenta en los votos del ponente José Manuel Suárez y de Margarita Mariscal, con el particular de Felipe García, que insiste que la venta fue «lesiva» y que no cumplió con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que han de primar en estos procedimientos.
La sentencia niega que no se aplicaran los requisitos exigibles en Derecho Público y certifica que la Junta no participó en la operación. «La conducta desplegada (...) no fue la causa directa de que se produjera el perjuicio a los fondos municipales, por lo que su cualidad de personas legitimadas pasivamente para imputarles, en este procedimiento de reintegro por alcance, una responsabilidad contable directa, no se ha producido en este caso».
Respecto al precio de venta, de 128,5 millones de euros, los jueces consideran que hubo un «equilibrio de mercado» entre la EMVS y los fondos, con el contexto económico de entonces como elemento a tener en cuenta: «Ha quedado acreditado su ajuste a las normas del ordenamiento jurídico». La empresa enajenó 8.844 inmuebles (2.956 viviendas, 3.842 garajes y trasteros y 46 locales). 1.860 públicas se vendieron a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone y otros 34 pisos (de venta libre) se vendieron a Sociedades Avellanes Inversiones y Madrid Town Inversiones S.L.
El PSOE pide ir al Constitucional
El grupo municipal del PSOE en la capital reclamó tras conocer el veredicto que el Ayuntamiento recurra al Tribunal Constitucional la sentencia sobre Botella y su equipo, al entender que sí existó ese supuesto daño patrimonial en la venta de pisos de la EMVS. La concejal socialista Mercedes González deslizó una presunta prevaricación en el fallo. «Margarita Mariscal es la presidenta de la sala donde se ha llevado la apelación y es una sentencia de parte. Fue ministra de Justicia de José María Aznar y tiene una declarada amistad con uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, a la sazón cuñado de Botella», dijo.
Este argumento se asemeja al empleado por el PP desde la sentencia en primera instancia, a tenor de que la demanda fue presentada por la edil Marta Higueras –mano derecha de Carmena–, que había sido la secretaria de la magistrada María Antonia Lozano.
La portavoz municipal, Inmaculada Sanz , defendió por su parte la indenpendencia judicial y declaró que el Gobierno acata esta decisión. «Parece claro que existió un concurso público y que había una serie de informes que avalaba ese proceso», señaló Sanz, reiterando que fue el argumento del PP desde el inicio del proceso.
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