El último «as» para retener Balaídos

O la compra del estadio actual o la construcción de unas nuevas instalaciones. La propuesta de partida del presidente del Real Club Celta de Vigo, Carlos Mouriño, dejaba poco margen de maniobra. El órdago estaba echado. Con el rumor creciendo en la calle de la posible venta del club a un grupo chino, extremo que llegó a confirmar el propio Mouriño —con una oferta en firme y depósito incluido—, tocaba mover ficha al Ayuntamiento que ahora propone una concesión por 40 ó 50 años.

Las aspiraciones del equipo celeste de hacerse con la propiedad del estadio no estaban en la agenda del alcalde vigués, Abel Caballero, y así se lo hizo saber al club. Su cerrazón, la misma que, según apuntó Mouriño insistentemente durante su campaña de propuestas de futuro para el R.C.

Celta, le llevó a bloquear proyectos con la sede en el antiguo Teatro Fraga o la Ciudad Deportiva, entre otros, ponía en riesgo la permanencia del equipo local en la ciudad mientras que otros municipios del área se frotaban las manos con su negativa vender las instalaciones a la sociedad deportiva. Tanto es así, que la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, admitió contactos para la cesión de terrenos en el concello lindante pontevedrés. Otras localizaciones en las que podría estar pensando el club serían Redondela o Nigrán, por cercanía.

Si bien, las difíciles relaciones que en los últimos meses han mantenido Ayuntamiento y club podrían ahora reconducirse de aceptar Mouriño la propuesta de quedarse con el estadio en régimen de concesión. De este modo, la entidad podría disponer de las instalaciones por un período de 40 ó 50 años, beneficiándose así de la explotación del estadio y los espacios comerciales —disponibles en las gradas de Tribuna, Marcador y Gol—.

«Es la opción más conveniente, tanto para el club como para Vigo, y es lo que se está haciendo en otros estadios de España», en palabras del regidor, muy criticado por el PP por atribuirse una iniciativa que ya la portavoz de los populares de Vigo, Elena Muñoz, planteó al presidente del equipo celeste el pasado mes de enero. La también presidenta del partido en la ciudad justificó entonces que una concesión administrativa permitiría, a la vez que se preserva la titularidad municipal del estadio, mantener la participación del Celta en una futura Ciudad del Deporte. Un proyecto este último cuyas primeras referencias corresponden al gobierno de Corina Porro.

«Coincidimos en que queremos lo mismo para el Celta, garantizar su futuro, arraigo y estabilidad», opina Muñoz, molesta con que el alcalde se quiera poner ahora «una medalla que no es suya» al copiar la propuesta. En todo caso, celebra que asuma la iniciativa del PP como «la mejor opción para garantizar el futuro del club en la ciudad». En su opinión, el alcalde, «acierta cuando rectifica». Una concesión administrativa que también ve con buenos ojos la que es la tercera fuerza política en la ciudad, la Marea.

La principal razón de no aceptar las condiciones que plantean desde el R.C. Celta, argumenta el alcalde, es que «la ley lo prohibe, el estadio es un bien de público». Tampoco hay espacios adecuados en el planeamiento urbanístico de la ciudad para construir unas nuevas instalaciones, «tenía que haberse contemplado cuando se hizo el plan de ordenación urbana». La disyuntiva está hora en si el procedimiento se haría por concesión directa o por concurso público, extremo que se está analizando para ver cuál es la fórmula más conveniente.

En cuanto al canon que el club deberá pagar al ayuntamiento dependerá del retorno de la explotación comercial. El informe económico, apunta Caballero, «estará listo en muy pocas semanas». Será el estudio de auditoria del estado y sus anexos y el análisis jurídico de la operación el que marque la pauta a seguir y que se trasladará a Mouriño para la negociación.