Navantia lleva a la CIG a juicio por la huelga de las auxiliares de otoño

La compañía afirma que fue ilegal y la central que intenta criminalizar la lucha obrera

Concentración de la CIG, ante los juzgados de Ferrol KIKO DELGADO/EFE

NATALIA SEQUEIRO

La huelga protagonizada este otoño por los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia ha acabado en los juzgados. La empresa pública ha demandando a varios dirigentes del sindicato CIG, que esta mañana se han sentado en el banquillo en Ferrol. Navantia entiende que el paro fue ilegal porque no existió convocatoria formal y porque durante varios días se impidió a la plantilla de la empresa, que no secundaba la protesta, acceder a los astilleros. La CIG considera la denuncia un intento de criminalizar la lucha obrera y el derecho a huelga como herramienta de fundamental de la clase trabajadora en defensa de sus intereses.

Pese a la huelga de la justicia, el acto se ha celebrado finalmente en Ferrol y los acusados han sido arropados por compañeros del sindicato y del BNG que se han concentrado en el exterior. «Por ejercer el derecho a la huelga, nos vemos como víctimas de una demanda por parte de Navantia», ha afirmado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, según informa Efe. La citación supone «una nueva demostración de esperpento y escándalo», ha añadido.

Fuentes de Navantia han asegurado a ABC que «respetan el derecho a la huelga» , pero que en este caso fue ilegal por carecer de convocatoria. La acción de los piquetes supuso la paralización total de los astilleros durante cinco días, subraya la empresa, con importantes perjuicios para la firma. La compañía informó en octubre que tuvo que desviar barcos a Cádiz y que el negocio de reparaciones podría verse resentido ante los incumplimientos con los clientes. Navantia niega que vaya a exigir una compensación económica a la CIG, tal como apuntó el sindicato en un comunicado . «Pretendemos que esto no se repita», indica la compañía.

La CIG fue el único sindicato convocante de la protesta. Con la huelga pretendía recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados de la industria auxiliar tras la crisis del naval . Hasta el 2014 la mayoría de empresas aplicaban unos acuerdos alcanzados en 2001 por los que los trabajadores cobraban unos pluses por encima del importe fijado en el convenio colectivo. Muchos fueron despedidos y al lograrse nueva carga de trabajo se reincorporaron al sector, pero con importantes rebajas de sueldos. Tras 22 días de paro, las auxiliares cedieron y mejoraron los salarios.

Paulo Carril ha mostrado esta mañana su esperanza de que los órganos judiciales estén «a la altura de las circunstancias » y ha asegurado estar dispuesto a mantener protestas «en la calle y donde haga falta» para que no se vea «pisoteado» el derecho a la huelga. El secretario xeral de la CIG ha calificado a Navantia de «monstruo que hace lo que hace en nuestro país», asegurando que consiente «unas condiciones de esclavización en las auxiliares».

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