Luis Ojea - CUADERNO DE VIAJE

Legalidad, ética y estética

Es responsabilidad del gestor público evitar que se despilfarren de un modo tan poco estético los impuestos de los contribuyentes

Luis Ojea
Santiago Actualizado: Guardar
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Hay comportamientos que pueden encajar en algún agujero de la legalidad, pero que no por ello son moralmente justificables. Lo que va trascendiendo del sumario de la Operación Pulpo va en esa dirección. Será la justicia la que determine si lo ocurrido estos años en la Diputación de Lugo es o no delictivo. Lo que está bastante claro es que algunos modos de proceder carecen de la más mínima dosis de ética y estética. Produce verdadero sonrojo leer que una administración pública se ha gastado 400.000 euros en financiarle a los funcionarios viajes de placer a Eurodisney, cruceros por el Rhin, gafas de sol o tratamientos alternativos de ozonoterapia y homeopatía. Es grotesco que mientras la crisis golpeaba a miles de familias con todos sus miembros en paro se permitiese que empleados públicos con trabajo fijo disfrutasen de prebendas de esta naturaleza.

Que abusos de este tipo estén amparados en un convenio no los hace justificables. Es responsabilidad del gestor público evitar que se despilfarren de un modo tan poco estético los impuestos de los contribuyentes.

Hay políticos que se olvidan con mucha facilidad de que los recursos que manejan proceden de un sistema tributario que asfixia a autónomos, trabajadores y pequeños empresarios. Todos ellos aceptan una elevada presión fiscal a cambio de servicios públicos eficientes. Lo que no entienden es que la Presidencia y la Vicepresidencia de una Diputación se permitan el lujo de gastar 200.000 euros entre 2011 y 2013 en restaurantes, joyerías, balnearios y tiendas de deportes. Es posible que sea legal semejante majadería. Lo que no será nunca es un comportamiento ético. En tiempos de ajustes no es comprensible la suntuosidad con la que algunos políticos se movían a cuenta de la sociedad. Será la justicia la que determine el grado de responsabilidad penal de Besteiro y su equipo. Y la que verifique si la instrucción de Pilar de Lara se ha desarrollado conforme a derecho respetando las garantías procesales exigibles. Lo que es evidente es que la Operación Pulpo revela comportamientos ni justificables ni entendibles para la sociedad. La clase política de este país haría bien en entender de una vez que, además de legal, su proceder en las instituciones debe ser también ético y estético.

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