Galicia mide su talla para el diálogo en el año de los pactos

La política gallega será en 2017 lo más parecido a una mesa.En ella habrá dos turnos. Uno para que el Gobierno central y la administración autonómica dialoguen y acuerden las bases de su futura relación. El «melón» del debate sobre la financiación autonómica se abrirá, a buen seguro, el próximo 17 de enero en la Conferencia de Presidentes. En el segundo turno se quedarán solo los partidos con representación en O Hórreo. Conversarán sobre la necesidad de paliar el envejecimiento crónico, un pacto unánime por la igualdad y contra la violencia de género y la importancia de añadir más madera a la caldera de la economía gallega, empezando por sus sectores productivos. La novedad estribaría aquí en que lograran ponerse de acuerdo.

La Comunidad cerrará el año con un crecimiento del PIB del 2,4%.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entrará por la puerta del Senado para trasladar al Estado y a sus colegas autonómicos que Galicia no pedirá privilegios en la distribución de los recursos de todos: exigirá lo que le corresponde. Aprovechando la voluntad de reformar el modelo, la delegación gallega enviada a la Conferencia de Presidentes intentará introducir nuevos criterios de reparto, como la dispersión de la población o el envejecimiento, dos factores que elevan el coste de la prestación de los servicios públicos. La tesis es que, ahora que España consolida su salida de la recesión, los territorios que más hicieron por sanear las cuentas públicas tengan una justa contrapartida.

Va a ser la primera toma formal de contacto del tercer gabinete de Feijóo con asuntos de Estado. En 2017 habrá más. El traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta lleva un tiempo. Comenzó con la creación de una comisión que permite la gestión compartida con el Ministerio de Fomento, pero el objetivo final es que el eje vertebrador de la franja atlántica pase a ser un asunto del autogobierno. El arco parlamentario de la oposición estará muy pendiente de cómo y, sobre todo, cuánto se va a tardar en producir la transferencia. Para los tres grupos es un indicativo del peso político que el presidente de la Xunta pueda tener Madrid.

El otro medidor es la conexión de Alta Velocidad entre la Comunidad y la Meseta. Los once meses de bloqueo político e institucional en el Congreso lastraron el cumplimiento de una hoja de ruta que finalizaba en 2018. Ése será «el año del AVE» pero parece que no el de su finalización. El Gobierno gallego solicitará diligencia en cuatro tramos que presentan problemas. Las comunicaciones con Fomento serán constantes.

Desafíos domésticos

La «legislatura del rural», como la bautiza el Ejecutivo autonómico, comenzó con una batería de medidas con un doble propósito: incentivar la actividad económica, y con ello, la fijación de población. Por delante queda un año de «impuestos cero» en los pequeños núcleos, de creación de casas-niño para mejorar las infraestructuras educativas y de ayudas para incrementar la competitividad del primario. Se estrenará la Axencia galega de Industria Forestal. Por otro lado, la carga de trabajo anunciada en los astilleros de Barreras oNavantia aliviará al sector y a sus ciudades. Galicia camina hacia una nuevo esquema territorial dividido en las áreas metropolitanas de La Coruña y Vigo. Camina, porque los obstáculos todavía impiden hablar de una realidad fehaciente.