El BNG denunciará al Estado ante la ONU por «vetar el acceso a documentación» del franquismo

El BNG anunció este miércoles que llevarán al Estado español a la ONU, a través de una denuncia «respecto de la vulneración de la normativa internacional de Derechos Humanos», por, según asegura la formación nacionalista, «vetar el acceso a documentación pública y privada sobre la dictadura franquista y por la existencia de fundaciones ligadas al franquismo», según recoge una nota difundida a los medios, donde se habla de «anacronismo en Europa».

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, el portavoz municipal del BNG en La Coruña, Francisco Jorquera, ye el investigador Carlos Babío han sido los encargados de poner voz a este anuncio. Miranda critcó que en España existen ocho fundaciones franquistas, y aseguró que este hecho, «más la imposibilidad de acceder a documentos que establece la Ley de Memoria Histórica , nos llevan a presentar una denuncia ante las Nacciones Unidas».

Miranda apuntó que esperan recibir una respuesta de la ONU en septiembre a un procedimiento que se lleva a cabo mediante un mecanismo denominado de revisión universal de derechos humanos, que se presenta cada cuatro años. La eurodiputada, en rueda de prensa celebrada este miércoles, denunció «limitaciones para acceder a documentos públicos y privados en relación con el franquismo», incluyendo el «Arquivo do Reino de Galicia».

La nacionalista añadió que las fundaciones franquistas a las que hizo alusión «tienen documentos relativos a muchas de las personas represaliadas y no se nos facilita el acceso para poder investigar ». La denuncia, explicaron desde el BNG, también señala que el Pazo de Meirás no es ajeno a la impunidad de los crímenes y vulneraciones de derechos perpetrados en el marco de la dictadura, por no habers resarcido lo que denominan «expolio de bienes».

En este sentido, afirman que España no facilitó el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados «suficientemente» . De acuerdo con la formación nacionalista, se alegó la «prohibición» con base a la Ley de Protección de Datos Personales.