El Constitucional anula la regulación gallega sobre adopciones y autotutela

Dieciocho artículos del Código Civil gallego han quedado anulados por el Tribunal Constitucional que entiende que el Parlamento autonómico ha invadido competencias estatales en su regulación sobre adopción y autotutela. El alto tribunal se pronuncia así a favor del recurso promovido por el Gobierno central en 2007 contra la legislación gallega aprobada en 2006 —durante el mandato del bipartito— y fuerza a adpatarse a la legislación estatal a los procesos en curso. El fallo, puntualiza, no afectará a las adopciones firmes ni a los casos en los que una persona haya designado en escritura pública un tutor en caso de que sea incapacitado judicialmente.

La sentencia, de la que ha sido ponente Alfredo Montoya Melgar, cuenta con dos votos particulares , uno de Juan Antonio Xiol y otro del magistrado gallego Cándido-Pumpido, suscrito también por Fernando Valdés Dal-Ré y María Luisa Balaguer. El magistrado gallego sostiene que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno «no debió ser estimado íntegramente, sino en parte», declarando nulos «únicamente los preceptos que contienen normas procesales». Defiende, según informó Ep, que el legislador lo que hizo fue trasladar y desarrollar actuaciones ya arraigadas en la sociedad gallega, como el prohijamiento (afillamento) y avisa de que «puede generar la impresión de que este tribunal (TC) aplica distintas varas de medir cuando examina las conexiones de las legislaciones autonómicas en materia civil con las instituciones consuetudinarias de los territorios con el derecho civil foral o especial» , ya que hubo precedentes en la legislación aragonesa y catalana que colisionarían con esta sentencia.

La Dirección Xeral de Familia ha explicado a Ep que «abordará este asunto con la asesoría jurídica para conocer con exactitud el fallo y sus consecuencias en el ámbito de las adopciones».

El catedrático de Derecho Domingo Bello Janeiro advierte de que el fallo deja los procesos de adopción en Galicia e una situación de «inseguridad jurídica» , y, en línea con el voto particular de Conde-Pumpido, apreciala «asimetría» con otras comunidades, como es el caso catalán.