El empresario Jorge Dorribo, principal acusado está considerado el cabecilla de la trama
El empresario Jorge Dorribo, principal acusado está considerado el cabecilla de la trama - EFE

El caso Campeón, pendiente de que la Audiencia fije la fecha del juicio

Hasta trece personas se sentarán en el banquillo acusadas de fraude en subvenciones

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Cuando van a cumplirse dos años del cierre de la instrucción y cinco desde que saltara a la luz pública una de las macrooperaciones judiciales más sonadas de la provincia de Lugo, el caso Campeón encara la recta final pendiente de que la Audiencia provincial fije la fecha del juicio. Trece personas serán las que finalmente se sienten en el banquillo de los acusados por este caso que llegó a contabilizar en su momento hasta medio centenar de investigados. Entre ellos el exministro socialista, José Blanco, o el exalcalde del mismo partido Xosé López Orozco, que se cayeron desde la relación inicial. También salpicó al que fuera conselleiro de Industria durante el bipartito, Fernando Blanco, cuyo proceso fue separado del sumario principal.

Una supuesta trama, tejida para lograr subvenciones y préstamos del Igape falsificando facturas y documentos, liderada por el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, al que se acusa de una decena de delitos y para quien el fiscal pide 24 años de cárcel. Como fianza, el titular del Juzgado de Instrucción de Lugo le requiere la cantidad de 621.610 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se deriven de la sentencia judicial. Y a cerca de cuatro millones en conjunto se acerca el monto que pide para otros diez de los acusados, entre los que figuran Joaquín Varela, Carlos Silva y Cristina Quintela, todos ellos excargos del Igape que habrían actuado en connivencia con Dorribo.

Otro miembro destacado de la lista de conclusión —auto emitido por la juez Estela San José en octubre de 2014, antes de ocupar su plaza en el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva— es el exdiputado autonómico del PP por La Coruña Pablo Cobián, por su presunto papel como mediador en la trama. Se enfrenta, atendiendo al escrito del Ministerio Público, a nueve años de prisión y a más de 10 millones en multas.

El principal delito por el que se siguió la causa es contra la Hacienda Pública, aunque entre las acusaciones también hay falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencias punibles.

En el auto del juzgado, por el que se decreta la apertura de juicio, se detallan trece acusados por parte de la Fiscalía, nueve por parte de la acusación particular que ejerce la Xunta, y uno (Dorribo) señalado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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