La Audiencia Nacional ordena investigar la venta de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés
La jueza María Tardón admite a trámite una querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido a trámite la querella presentada por la agrupación sindical Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y La Coruña. En un auto conocido este martes, la magistrada da curso al escrito presentado por el sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La jueza oficia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realice una investigación integral sobre la venta.
La querella se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, informa Efe. Asimismo, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la juez pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de Alu Ibérica LC y ALU Ibérica AVL, sus socios, órganos de administración y representación , capital social y situación financiera, entre otros extremos.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa , que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018. Con ello, prosigue la querella, buscaba «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».
El escrito relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».
Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales). En opinión de los querellantes, «lo primero que hace Alcoa» es bloquear una inversión de 20 millones de dólares por planta, consignándolo notarialmente, «lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores, que seguían unidos a la empresa». Finalmente, recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.
La magistrada se remite en su resolución a la sentencia dictada el pasado septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia , que declaró nulo el despido colectivo ejecutado por Alcoa en la factoría de San Cibrao (Lugo) , la única planta de aluminio primario que queda en España, y condenó a la multinacional a reincorporar a los 524 trabajadores afectados, al apreciar mala fe.
Huelga
La admisión a trámite de la querella se conoce el mismo día que el comité de empresa coruñés convoca una huelga indefinida en la factoría. Empezará el próximo 26 de diciembre hasta que la compañía readmita a una trabajadora despedida disciplinariamente. «Estamos hartos del acoso sometido por parte del Grupo Riesgo a los trabajadores y trabajadoras y sus representantes», ha asegurado este martes el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que ha recordado el compromiso de mantener el empleo que se suscribió en la venta de Alcoa al fondo de inversión Parter. Por su parte, Alu Ibérica ha anunciado este martes que ha abierto expediente disciplinario a los «agresores» identificados en el ataque sufrido el pasado jueves en la planta de La Coruña, mientras prosigue en su investigación para identificar al resto.
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