Industria
La Justicia declara nulo el ERE de Alcoa, a la que acusa de «mala fe»
Los trabajadores celebran la victoria y la empresa estudiará los pasos a seguir
Los trabajadores de Alcoa ganan una batalla en la lucha por mantener operativa la última factoría de aluminio primario de España. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) comunicó este jueves la sentencia por la que declara nulo el ERE que pretendía aplicar la multinacional estadounidense en la factoría de San Cibrao. La Justicia se acoge a las tesis de los tres sindicatos demandantes que habían impugnado los 524 despidos previstos y subraya que Alcoa negoció «de mala fe» durante el proceso.
«Álvaro Dorado, primero tú al paro», coreaban los trabajadores de San Cibrao a las puertas de la fábrica tras conocer la resolución judicial, en referencia al presidente de Alcoa en España. «Se ha hecho justicia», celebró en declaraciones a los medios el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan , informa Efe. Pese a la alegría por la sentencia, la plantilla se mostraba consciente de que el problema de fondo aún no se ha solucionado. En declaraciones a ABC, fuentes de Alcoa aseguran que están estudiando el fallo para «determinar los próximos pasos» . Pero ya advierten de que «la necesidad de reestructurar la planta de aluminio persiste, ya que los importantes problemas estructurales y permanentes continúan».
«Creemos que actuamos de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley», añade Alcoa. Pero la Sala de lo Social del TSXG opina todo lo contrario. En el fallo argumenta que la posición de Alcoa sobre los despidos y sus compensaciones «no ha variado ni un ápice» desde su propuesta inicial a lo largo de la negociación del ERE. Los magistrados concluyen que la intención de la compañía siempre fue «paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre» y entienden que con la oferta de ERE que realizó al comité de empresa pretendía «vestir lo mismo, pero de una manera diferente». El Tribunal reprocha a Alcoa el alto número de despidos. «Se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias, le permite a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las administraciones públicas sin tener que devolverlas y, a la vez, sin impedirle el cierre de las cubas », subraya la sentencia.
«Todas las supuestas concesiones» realizadas por Alcoa durante la negociación se produjeron «con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido», prosigue la sentencia. Los magistrados recuerdan que hasta en diez ocasiones, la Xunta instó a Alcoa a prolongar las conversaciones y la empresa aceptó «siempre en el último momento y con resistencias, arguyendo empecinadamente el elevado coste de mantener las cubas electrolíticas en funcionamiento» . Pero los jueces aprecian que la intención final de la compañía no era negociar las condiciones del ERE sino «dejar tiempo para negociar la venta con un tercero». Durante el proceso, Alcoa estuvo en conversaciones con el grupo inglés Liberty House, interesado en hacerse cargo de la factoría, pero no se logró llegar a un acuerdo. Alcoa tampoco aceptó transferir la factoría a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como pedían el Ministerio de Industria y la Xunta. Los jueces afirman en el fallo que los diálogos de Alcoa con una empresa para vender la planta «permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica», pues sostienen que la multinacional entró en la negociación «con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final».
Volver a negociar
Tanto el Gobierno central como la Xunta esperan que la multinacional modifique su estrategia. «Esperamos que Alcoa rectifique y que vuelva al diálogo para trabajar sobre la venta de la planta», afirmó el vicepresidente económico , Francisco Conde. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, también esperó que Alcoa recapacite y se «avenga a continuar con el iniciado proceso de venta».
Desde la CIG, consideran que el fallo «evidencia la necesidad de que el Gobierno español y la Xunta de Galicia actúen de forma decidida en el camino de apartar a Alcoa de la gestión de la fábrica». El secretario general del sindicato nacionalista, Paulo Carril, considera que la sentencia demuestra que «Alcoa tiene tomada una decisión y que no quiere que se siga produciendo aluminio primario en A Mariña», por lo que urge, como también lo hace la responsable del BNG, Ana Pontón, a iniciar cuanto antes el proceso de intervención para que la fábrica pase a manos del Estado.
El sindicato UGT también instó a la multinacional estadounidense a volver a negociar pero « esta vez con el objetivo de garantizar un plan de futuro para la factoría de A Mariña y el mantenimiento de los puestos de trabajo». El secretario xeral de CCOO-Galicia, Antonio Sarmiento, emplazó a las Administraciones públicas a «hacer viable una alternativa que garanice el empleo en la comarca deA Mariña».
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