Industria

Alcoa y el comité dudan de que la SEPI vaya a comprar la planta de San Cibrao

La plantilla retoma las protestas para exigir al Gobierno que respalde la venta de la planta

Una protesta de los trabajadores de Alcoa celebrada en Lugo el pasado verano CARLOS CASTRO/E.P.

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La paz social en A Mariña lucense tiene los días contados. El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao anunció este mediodía que retomará las movilizaciones para tratar de forzar la venta de la factoría. El proceso sigue en punto muerto después de que acabase el plazo de tres meses para negociar el traspaso de la última factoría de aluminio primario que queda en España a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pero cada vez hay más dudas sobre el papel que quiere jugar el Gobierno central y si cumplirá su compromiso de que la planta pase a manos públicas antes de cederla a un inversor interesado.

Representantes de la empresa y los trabajadores se reunieron esta mañana para analizar la última carta remitida por el Ministerio de Industria a Alcoa. La multinacional del aluminio asegura que la misiva « no confirma ni aclara el papel de la SEPI en una potencial venta y se desvía del proceso que habíamos propuesto llevar a cabo a principios de este año». En las últimas semanas el Ministerio que dirige Reyes Maroto se ha movido en la ambigüedad. Aunque no dice claramente que no va a comprar la planta, lleva algún tiempo instando a Alcoa que negocie de forma directa con los posibles interesados en adquirir la factoría de San Cibrao. Por el momento se conoce la oferta del grupo británico Liberty House, pero según Industria, podría haber otros compradores. En la última carta remitida a Alcoa, el Ministerio indica que el papel de la SEPI será simplemente el de «estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el comprador elegido».

Para los trabajadores es fundamental que la sociedad pública «triangule» toda la operación. El proceso pasaría por la firma en acto único —al mismo tiempo— de la transmisión a la SEPI y después a la nueva empresa que se encargará de la fábrica . De este modo, la factoría nunca llegaría a ser gestionada por el Estado. «La única salida que hay a todo esto es que sea la SEPI quien garantice esta venta, no podemos permitir que nos pase como La Coruña y Avilés», insistió en un vídeo remitido a los medios el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Ambas factorías han acabado intervenidas judicialmente ante la sospecha de que sus nuevos propietarios las compraron para desmantelarlas y sin interés real en continuar con la producción, en un proceso que también estuvo tutelado por los gobiernos autonómico y central. «Los políticos se comprometieron a que la SEPI entraría, pues tienen que darle para delante», advirtió Zan, quien recordó que hay acuerdos en el Parlamento Gallego y en el Congreso de los Diputados. En la cámara estatal la última votación a favor de la intervención temporal a través de la SEPI (también para La Coruña y Avilés) se produjo esta semana en la comisión de industria a iniciativa del BNG. Pero el PSOE se abstuvo.

«Con esta respuesta del Gobierno, Alcoa continúa analizando las posibles opciones y tomará una decisión en los próximos días», explica la multinacional. El próximo martes volverán a reunirse con los trabajadores. Hasta entonces la plantilla mantendrá la suspensión de la huelga que frenaron en enero para que Alcoa y la SEPI iniciasen sus contactos tras el fracaso de la venta directa a Liberty House. Pero no descartan volver a parar las máquinas en la factoría de aluminio muy pronto. «Iremos a todos los sitios para que todos los políticos se mojen», avisa Zan. «Solo lo harán de una forma: si los obligamos», afirma.

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