El tripartito gasta 21.000 euros en un estudio para buscar despilfarros del PP

El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante gastará 21.000 euros en un informe económico para evaluar los gastos durante la anterior legislatura con el PP en el poder y, paradójicamente, con la clara intención de encontrar despilfarros y mala gestión.

Esta iniciativa ya ha suscitado las críticas del portavoz de Ciudadanos (C's), José Luis Cifuentes, quien este lunes ha opinado que «no parece lo más adecuado contratar un informe económico porque la intervención municipal dispone de medios suficientes para hacer la auditoria». Desde las filas populares llevan días exigiendo la documentación de este expediente porque, además, consideran que se ha realizado de forma irregular, al no permitir la ley una «auditoría encubierta».

El concejal de C's ha declarado que «resulta contradictorio que siendo el interventor municipal una persona de confianza del tripartito, se gaste 21.000 euros en un informe independiente» y ha añadido que «menos aún se entiende que la responsabilidad recaiga en el que hasta hace poco, era responsable de protocolo y no en el interventor, que sin duda, es quien garantiza la autenticidad y legalidad de la auditoria».

Y a modo de ejemplo de los tics que habían caracterizado a los tres partidos de izquierda en el pasado reciente, Cifuentes ha ironizado con que «el discurso demagógico del tripartito argumentaría que con ese dinero se hubiera podido dar de comer a muchos niños o comprar una vivienda social por ejemplo».

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal popular, Luis Barcala, ha cursado este lunes un escrito en el Registro Municipal, en el que ha solicitado que se les entregue «la copia íntegra de la totalidad del expediente relativo al contrato suscrito con la Universidad Miguel Hernández para actividades de asesoramiento y asistencia técnica». Asimismo, requieren el documento de retención de crédito e informe de la intervención municipal, que el decreto del alcalde del 25 de septiembre cita que existen en el expediente.

«El uso de fondos públicos para elaborar un informe que podría hacerse con fondos propios es cuestionable», y la revisión de la gestión económica «debe hacerse dentro de los márgenes que marca la ley», han añadido los populares. Y han recordado que el ayuntamiento «se encuentra dentro de un plan de ajuste que le ha permitido estar saneado y también es supervisado por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas».