El Consell avisa de desahucios en 24 horas a familias en un barrio humilde de Alicante

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante ha desvelado este jueves que la Generalitat Valenciana está comunicando a las familias que ocupan viviendas de titularidad autonómica en el barrio Virgen del Carmen -uno de los más humildes de la ciudad- que tienen 24 horas para proceder a su desalojo. Una medida contundente si se tienen en cuenta las duras declaraciones que contra los desahucios realizaron los partidos de izquierda antes de llegar al poder.

Es más, en su presentación como candidatura a las elecciones municipales, el grupo Guanyar Alacant (marca autorizada de Podemos) resumía entre sus líneas principales «rescatar a la población que sufre exclusión social, pobreza y desahucios mediante un plan de inclusión social y un plan integral de acceso a la viviend».

Y una de las prioridades manifestadas también como candidato del alcalde, Gabriel Echávarri, era declarar la ciudad «libre de desahucios», lo que contrasta con estos desalojos exprés.

En un comunicado, la concejal Mari Ángeles Goitia ha asegurado que el Consell gobernado por el socialista Ximo Puig ha iniciado el trámite «para desahuciar a decenas de familias en el barrio Virgen del Carmen, a las que se les está notificando en estos días que están ocupando irregularmente viviendas que son propiedad de la administración autonómica». Goitia ha resaltado que «tienen un plazo de 24 horas para abandonarlos».

También ha recordado que la concejal de Acción Social, Julia Angulo, aseguró que «cualquier actuación se haría en coordinación con la Concejalía de Acción Social». Por ello, le ha instado a aclarar si la notificación de desalojo «se está coordinando ya desde el Ayuntamiento de Alicante y si son conocedores de estos hechos, algo que suponemos que sí».

Asimismo, ha manifestado que el equipo de Gobierno municipal dirigido por el socialista Gabriel Echávarri se comprometió a valorar «caso por caso cada situación para decidir qué familias podían regularizar su vivienda y quienes no, según la normativa, y en cuyo caso serían informados o atendidos desde el ámbito municipal».

La oposición exige explicaciones acerca de si los afectados «están recibiendo en estos momentos la atención de los Servicios Sociales para plantearles soluciones al desalojo», y también «si al tripartito le parece bien esta manera de actuar llevada a cabo por la Generalitat Valenciana».

A juicio de Goitia, tanto el equipo de Gobierno como la Generalitat han «abusado de la demagogia con un discurso buenista, pero luego tienen que cumplir con la ley», dado que «no se puede ir a creando falsas expectativas a la gente sin vivienda, porque luego tenemos el problema de los desalojos, que es lo que está ocurriendo».

De hecho, este tipo de procedimiento no ha cesado en la actual legislatura y según las últimas estadísticas, se produce una media de 29 desahucios en la Comunidad Valenciana en lo que va de año.

Realojo de okupas

Diferente trato van a recibir unos okupas de una nave industrial abandonada situada entre la Gran Vía y el Bulevar de Teulada, que sí van a ser realojados. El vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vías Públicas, Miguel Ángel Pavón, ha firmado el pasado martes un decreto declarando la ruina inminente y peligrosa de esta construcción.

Después de un incendio el 27 de junio, los técnicos de conservación de inmuebles hacen constar en un informe el peligro de derrumbe de la nave por encontrarse en muy malas condiciones de estabilidad, seguridad y salubridad, con el consiguiente grave riesgo para las personas

«El decreto, además de notificarse a la propiedad, se ha notificado tanto a la Policía Local como a los Servicios Sociales municipales a fin de que se proceda al desalojo de posibles moradores -que la Concejalía de Acción Social realojará- y al acordonamiento de la zona peligrosa para impedir el acceso a la misma», ha asegurado Pavón.