Educación
Trece municipios valencianos se manifestarán el día 18 contra la «discriminación» del español en las aulas
La asociación Hablamos Español convoca movilizaciones por la «imposición de un considerable número de asignaturas en valenciano» en los institutos de la Comunidad Valenciana
El PPCV instará al Consell a que dé «por escrito» las órdenes sobre plurilingüismo a los directores de centros
La Asociación Hablamos Español se movilizará en trece puntos de la Comunidad Valenciana el próximo sábado 18 de enero, para mostrar su rechazo a la «mal llamada» ley de Plurilingüismo , puesto que considera que su implantación «discrimina gravemente a las familias que prefieren enseñanza con el español como lengua vehicular».
Según este colectivo, la norma está generando mucho «rechazo» porque «hay especial preocupación entre las familias y el alumnado de ESO y Bachillerato, a quienes les impondrán un considerable número de asignaturas en valenciano ».
Se realizarán concentraciones en Requena y en Utiel y en las localidades de Castellón , Valencia, Alicante, Carcagente, Villajoyosa, Mislata, Villena, Elda, Torrente y Elche, los equipos de Hablamos Español llevarán a cabo acciones reivindicativas ante colegios e institutos . Asimismo se fletará un autobús para apoyar la manifestación organizada por la Fapa Gabriel Miró en Orihuela.
La Asociación Hablamos Español registró el 27 de diciembre ante las Cortes Valencianas una Iniciativa Legislativa Popular de Libertad de Elección de Lengua que se encuentra en fase de admisión y se ha hecho cargo de la defensa jurídica de las Ampas que se lo han solicitado.
Este miércoles, la líder del PPCV, Isabel Bonig, anunció que instará al Consell a que «cualquier instrucción que dé a los equipos directivos» de los centros educativos relativa a la ley de Plurilingüismo impulsada por la Conselleria de Educación se consigne «por escrito» .
Asimismo, Bonig adelantó que su partido «pondrá sus servicios jurídicos a disposición de todas las asociaciones de padres y de los equipos directivos escolares para que impugnen todos los proyectos experimentales que sean contrarios a derecho o distintos a la voluntad expresada por los centros a través de la vía contencioso-administrativa».
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