Política
Tasa turística y recargo del IBI por más de diez viviendas vacías: las 64 medidas del Acuerdo del Rialto
Joan Ribó y Sandra Gómez firman el pacto de gobierno para el Ayuntamiento de Valencia
El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, y la vicealcaldesa primera y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, han formalizado este jueves el pacto de gobierno alcanzado entre estas dos formaciones para dirigir la ciudad entre 2019 y 2023, un acuerdo que recibe el nombre de 'Rialto' , atendiendo al teatro y sede de la filmoteca valenciana en el que ha sido negociado, y que han definido como "de cine".
El pacto lo conforman 64 medidas , que serán el eje sobre el que girará el programa del nuevo ejecutivo, frente a las 36 planteadas en el gobierno anterior, el 'govern de La Nau' que en 2015 integraron Compromís, PSPV y València en Comú, ha detallado Ribó tras firmar el nuevo documento. De este modo, ha resaltado que este es un acuerdo "más trabajado que el anterior", así como "la voluntad de concretar y desarrollar" todas las líneas de trabajo "un poco más".
Joan Ribó y Sandra Gómez han formalizado el pacto en una de las salas del edificio del Rialto, en la que han sido recibidos con aplausos por el resto de concejales del ejecutivo local y por los miembros de la comisión negociadora del acuerdo.
El primer eje del acuerdo es "una ciudad feminista" , que incluye seis medidas, como la creación la primera agencia de desarrollo local con perspectiva de género de España, el aumento de recursos a la lucha contra la violencia machista o la reserva de un porcentaje de vivienda pública a mujeres víctimas de violencia de género.
El segundo eje, "Una ciudad de oportunidades y mejores trabajos " incluye diez medidas, entre ellas un programa de atracción y retención del talento, un plan estratégico de comercio, favorecer el recambio generacional en la agricultura o mejorar la fiscalidad local para hacer más progresiva, redistributiva y equitativa.
"Derecho a la ciudad", el tercer eje, recoge 18 medidas, entre ellas el establecimiento de un impuesto turístico progresivo , de acuerdo con la Generalitat y consensuado con el sector, y aquellas herramientas necesarias para evitar un efecto negativo del turismo sobre el derecho la vivienda. El acuerdo incluye como otra de las medidas novedosas el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos grandes propietarios con más de diez viviendas vacías y fuera del mercado.
El Ayuntamiento potenciará una movilidad más sostenible, con el impulso de vehículos eléctricos y compartidos y de la bici y mejorando la EMT; adherirá la ciudad a la declaración de emergencia climática e impulsará un plan integral contra la contaminación.
Además, impulsará una comisión entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento para dirimir aquellas decisiones que afecten a la ciudadanía, ampliará la infraestructura verde, y reurbanizará las plazas de Brujas, Mercado, Reina, Ayuntamiento y San Agustín para ganar espacio público y vecinal.
Pobreza
"Ciudad para las personas", el cuatro eje, incluye 17 medidas, como extender la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, seguir con Plan Edificant, elaborar un plan de éxito escolar y un plan local de salud, y proponer la inclusión de nuevos derechos como una transición digna a la muerte y la asistencia bucodental.
Una nueva ordenanza de servicios sociales ; un plan de medidas contra la pobreza, especialmente la infantil; planes de inclusión para personas con discapacidad y en riego de exclusión; el fomento del envejecimiento activo y el aumento de plazas en centros de día, son otras las iniciativas recogidas en el acuerdo.
El quinto eje, "València sinónimo de libertad y cultura", contempla nueve medidas, que van desde la creación de un plan para formar parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO, hasta planes para las sociedades musicales, las Fallas o la diversidad LGTBi, o el derecho a dirigirse a cualquier instancia en la lengua elegida.
Y el último, "València capital metropolitana, participativa y abierta", recoge cuatro puntos: impulsar la aprobación de una ley de capitalidad, la descentralización gradual del Ayuntamiento, reforzar el papel interlocutor de mundo asociativo, y reivindicar las inversiones necesarias a otras administraciones.
En concreto, reclamarán las ayudas al transporte metropolitano y la mejora del servicio; la conclusión de la L10; la reforma de la estación de autobuses, el soterramiento de la vías en la ciudad; la cesión del puerto del Saler o la inversión suficiente en instituciones culturales de la ciudad.
