política
El PP de Valencia denuncia a Compromís por «vulnerar la ordenanza de publicidad» con el monolito de la plaza
María José Catalá considera que la estructura de propaganda incumple el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella
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El Partido Popular, a través de su grupo municipal, ha presentado este martes una denuncia contra la coalición Compromís por la colocación, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, del monolito con un gran cartel de propaganda política que hace referencia a una campaña impulsada por el propio Consistorio sobre el reparto de bonos de comercio valorados en 100 euros.
La denuncia, según informa el PP en un comunicado, se presenta «por vulnerar la Ordenanza reguladora de la publicidad y por incumplir el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella», que es el distrito donde se instaló la gran estructura.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá , ha anunciado la presentación de la denuncia para que se abra «el correspondiente proceso sancionador», puesto que, según sus palabras, no se puede permitir que el alcalde, Joan Ribó (Compromís), «convierta la ciudad de Valencia en su propio cortijo ocupando la vía pública saltándose ordenanzas y planes especiales como el de Ciutat Vella».
Además, Catalá ha asegurado que «fue una campaña bochornosa con el uso del pequeño comercio para sacar ventaja política» y que, con esta, se han traspasado todos los límites de la ética y la decencia política».
Los populares, según informan, en su denuncia recogen que se puede haber incumplido « el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella , en su Capítulo IV del Título VIII, que también regula la publicidad en el ámbito protegido objeto de dicho Plan, prohibiendo la publicidad exterior en todo su ámbito como norma general y permitiendo algunas excepciones en caso de cumplir los requisitos y obtener la oportuna licencia municipal».
El PP ha presentado el escrito «por la colocación de este elemento publicitario en la plaza del Ayuntamiento, del 6 al 8 de abril de 2022 , sin la correspondiente autorización administrativa e instamos al Servicio Central de Procedimiento Sancionador para que acuerde el inicio del oportuno procedimiento sancionador para determinar las sanciones económicas que correspondan en virtud del artículo 26 de la misma ordenanza».
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