Política
El PP pide las facturas de las ayudas al valenciano de dos medios de familiares de Ximo Puig
Los populares sospechan de que la subvención no se ha dedicado íntegramente a la efectiva realización de las actividades por las que se otorga
El PP ha solicitado a la Dirección General de Política Lingüística las facturas en las que se justifique el uso de las subvenciones para el fomento del valenciano de dos empresas al frente de las cuales se encuentra Francisco Javier Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se trata de Mas Mut Produccions y de Comunicacions dels Ports, que recibieron un total de 98.116 euros en la convocatoria del pasado año .
La portavoz adjunta del grupo popular en las Cortes, Eva Ortiz, ha explicado que piden esta información porque sospechan de que podrían haberse hecho «un uso indebido de los fondos públicos» . «Solicitamos que se comprueben de oficio estos hechos, que se controle dónde ha ido esa subvención. La administración tiene obligación de comprobar esas facturas, no estamos pidiendo nada extraño», ha señalado este martes.
En la documentación que tienen, ha proseguido, ven «cosas que no están claras» y quieren comprobar «si se cumple la ley» porque encuentran evidencias de «posibles irregularidades» . «Sólo decimos que nos llama mucho la atención y pretendemos que el interventor general lo revise», ha insistido.
Para ello darán un plazo de tres meses. A partir de entonces, si no han recibido respuesta, emprenderán «las acciones legales pertinentes», ha comentado Ortiz, quien ha avanzado que no será «la última petición de documentación».
Infracción administrativa
En el texto remitido por la diputada del PP a la Conselleria especifica que hay dos empresas de comunicación beneficiarias de las ayudas al fomento del valenciano en las convocatorias de 2015 y 2016. Transcurrido «sobradamente» el plazo para la justificación de la subvención la Generalitat, «debió haber iniciado las actuaciones de comprobación material , sin que a fecha de la firma conste a la compareciente que se hayan realizado».
«De ello se deriva que no pueda conocerse si el importe de la subvención se ha dedicado íntegramente a la efectiva realización de las actividades subvencionadas , habiéndose podido incurrir en infracción administrativa o incluso en el deber de reintegro de los importes», añade, a la vez que reprocha la «inactividad» de la administración.
Apunta igualmente a las «evidencias de irregularidades en la documentación aportada por las empresas subvencionadas, de lo que, de constatarse en el procedimiento oportuno, deberían suponer tanto la imposición de sanciones administrativas como la devolución de los importes indebidamente percibidos, además del posible reproche penal».
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