El juez archiva la querella de expolicías locales contra la alcaldesa y una concejal de Paiporta
Ambas fueron citadas a declarar como investigadas por un juzgado de Torrent por suspender el proceso de contratación de varios agentes que inició el anterior gobierno local
El juzgado número 2 de Torrent ha archivado la querella por supuesta prevaricación administrativa contra la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, y la concejala de Hacienda y Administración General, Beatriz Jiménez, ambas de Compromís, por parte de dos expolicías locales.
Según ha informado el Ayuntamiento de Paiporta en un comunicado, el juez alega en el auto de sobreseimiento que las actuaciones llevadas a cabo por las dirigentes "no pueden calificarse como delictivas, dado que se efectuaron al amparo de lo que se dispone en un informe del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana".
El caso hace referencia a una oposición de policías impulsada "de manera irregular", según el consistorio, por el anterior alcalde del Partido Popular, Vicente Ibor, y la exconcejala de Interior, Esther Gil, ahora en la oposición.
En el procedimiento se ofertaron dos plazas de agente de policía y se convocaron seis, sin hacer caso de los informes del secretario y la técnica de personal, que avisaron en todo momento de la ilegalidad del proceso, han apuntado las mismas fuentes.
En el mes de mayo de 2015, un mes y medio después de finalizar el proceso y con las elecciones perdidas, Vicente Ibor "deshizo toda la oposición con un decreto de alcaldía y despidió a tres aspirantes".
El nuevo gobierno de Paiporta tomó posesión al mismo tiempo que los tres agentes denunciaban el Ayuntamiento al contencioso-administrativo.
Un año después, la jueza sentenció que se les tenía que readmitir, cuando hubieron hecho el curso pertinente del Ivaspe.
La magistrada fundamentó su decisión en que el decreto de Ibor era ilegal, y recordó al Ayuntamiento que, si creía que se había actuado de manera negligente, tenía que hacer una revisión de oficio.
Y esto es lo que llevó a cabo el nuevo gobierno municipal, que ante las dudas que ofrecía el proceso, decidió enviar todo el expediente al CJC.
Mientras la entidad estudiaba la documentación, los tres agentes plantearon un incidente de ejecución de sentencia para obligar al Ayuntamiento a readmitirlos lo más pronto posible, a pesar de que no habían realizado el curso del Ivaspe.
En el mes de mayo de 2017, sin respuesta al incidente, sin haber hecho todavía el curso y sabiendo que el expediente estaba en el CJC, los tres agentes denunciaron en fiscalía a la alcaldesa y la concejala por no haber ejecutado la sentencia.
En opinión del juez que ha sobreseído este asunto, el informe del CJC "excluiría la posibilidad de una actuación flagrante contra el ordenamiento administrativo".
Al respecto de ambas decisiones judiciales, la alcadesa de Paiporta, Isabel Martín, ha manifestado que "el archivo era una cuestión de tiempo, porque sabíamos que la denuncia no tenía ningún fundamento ni recorrido. Hemos actuado en todo momento de manera ajustada a la legalidad, como ahora ha quedado demostrado".
La concejala de Hacienda, por su parte, ha añadido que sabían que "deshacer las barbaridades del PP comportaría riesgos, pero continuaremos actuando para que se imponga la verdad y lo que es justo, y ninguna presión ni acoso nos harán desfallecer en la tarea que nos encomendó la ciudadanía de Paiporta".
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