Caso TaulaEl juez archiva la investigación sobre el contrato de La Rambleta

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha decidido archivar provisionalmente la parte de la investigación relativa a la adjudicación del contrato de construcción y explotación de La Rambleta dentro de la macrocausa de Taula. Sobresee, por tanto, las actuaciones por cohecho contra el empresario Jose Adolfo Vedri, quien resultó imputado tras las conversaciones telefónicas intervenidas en las que se le podía escuchar junto al exresponsable de Imelsa, Marcos Benavent, y la que fuera concejal de Cultura, María José Alcón, hablar de supuestas mordidas en la adjudicación de diversos contratos en la ciudad. La rehabilitación de las Torres de Quart, de los puentes de Serrano y Trinidad o varias ediciones de La Mostra, son otros en los que el juez indaga y cuya instrucción sigue adelante.

El juez rechazó inicialmente sobreseer la causa porque todavía estaba en estudio y elaboración una pericial técnica acordada que tenía, entre otros objetos, que valorar el proceso de adjudicación de La Rambleta. Este informe ya se ha incorporado al procedimiento y el juez estima que, con el mismo, los elementos o indicios que había contra Vedri "se han debilitado aún más" y son "claramente insuficientes" para mantenerle la imputación. "Y no solo eso, sino que en esa misma lógica valorativa, los contraindicios adquieren consecuentemente más fuerza".

Vedri, añade el magistrado en el auto, "sobre una base indiciaria y dispersa ha tenido que soportar la condición de investigado durante un tiempo largo que se fundamentaba en un precario equilibrio entre el deber público de descubrir el delito y la presunción de inocencia que razonablemente no se puede mantener más a la luz de lo actuado".

El magistrado entiende así que no existen pruebas sobre que el empresario entregara dinero para el supuesto amaño en la adjudicación de La Rambleta, una visión también compartida por el fiscal Anticorrupción. En en el escrito en el que apoyaba el archivo, expone que no se apuntala el hecho de que Vedri hubiera ofrecido cualquier recompensa "con menoscabo de los principios que deben regir cualquier contratación pública". "A diferencia del resto de adjudicaciones investigadas, donde se cuenta no sólo con la declaración de Marcos Benavent sino con el soporte de unas grabaciones que se ven corroboradas por la adjudicación final, nada de ello se cuenta" en este caso, indica.

Aun así, tanto el juez como el fiscal recuerdan que la responsabilidad penal sobre Vedri sí que se da en el conjunto de la causa de Taula, aunque no en esta parte de La Rambleta.

Por otro lado, la resolución hecha pública este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano informa también de otra decisión del juez, según la cual se ordena la intervención de la empresa Spartaky, del exgerente de Imelsa Marcos Benavent y su testaferro José Estarlich, y pide a la Diputación de Valencia que nombre un administrador para la misma.

Fiscalía solicitó la intervención judicial de la sociedad, que se nombrase un interventor y que se requiriese a la Diputación de València que propusiera a una persona para desempeñar este cometido. El fiscal pidió estas medidas ante indicios de que el capital con el que fue constituida la empresa procediese de una actividad ilícita llevada a cabo por Benavent, en relación con el delito de malversación que se le imputa.

Esta sociedad, sobre la que el fiscal considera que no es sino el instrumento y cauce de blanqueo, está formalmente representada y gestionada por Estarlich, extestaferro de Benavent. Su actividad consiste en la actualidad en amortizar un préstamo bancario y percibe ingresos derivados de la explotación y subvenciones derivadas de la actividad y objeto para la que fue constituida.

Como consecuencia, el ministerio público estimaba que era procedente la intervención judicial para asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran derivarse de los delitos investigados.

El juez acuerda entonces el cese provisional, durante el tiempo de la intervención, de los órganos estatutarios de administración de la sociedad; requerir a la Diputación para que designe a una persona para el desempeño de funciones de administrador judicial; y que se requiera a Estarlich para que, a la mayor brevedad posible, ponga a disposición del juzgado los bienes y documentación contable, jurídica y de explotación de la sociedad. Se formará una pieza separada para lo relativo a esta intervención.