Alicante
Familiares de ancianos demandan a la residencia de Alcoy donde hubo 73 muertes por el coronavirus
Los 18 denunciantes recriminan también a la Generalitat Valenciana por no ofrecerles «ninguna colaboración»
Un grupo de 18 familiares de ancianos de la residencia Domus Vi de Alcoy (Alicante) -donde hubo 73 muertes por coronavirus al inicio de la pandemia- han demandado a la empresa del centro y la aseguradora para reclamar responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Así lo ha anunciado este miércoles la Junta Directiva de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi Alcoi y Cocentaina y el despacho Dictum, que lleva el caso. La denuncia se presentó el pasado 14 de octubre en nombre de 18 víctimas: 15 fallecidos y tres lesionados.
Los afectados se preguntan, entre otras cuestiones, «por qué no se trasladaron al hospital los afectados», si se podría haber salvado alguno de haber sido atendido en el hospital; por qué se aplicaron sedaciones a algunos/as residentes sin consultarlo previamente a sus familiares y sin la autorización necesaria y bajo qué criterios médicos u organizativos unas personas fueron atendidas por el personal sanitario de la UHD y otras por el personal sanitario de la residencia.
El objetivo del colectivo, según ha expuesto el presidente de la asociación, José Luis García , ha sido y es saber qué ocurrió en los dos primeros meses de la pandemia que resultaron «tan trágicos» y lograr unas condiciones «dignas» de vida para los más de 60 residentes que siguieron en el centro.
Según ha expuesto en rueda de prensa, la empresa siempre atribuyó a la pandemia lo sucedido, pero ellos sostienen que esta situación por sí sola «no era suficiente» para concluir con ese número de víctimas mortales en un centro para unas 140 personas , y lo achacan a la gestión de la crisis por parte de la empresa. El centro, según señala, tiene uno de los índices más altos de fallecidos de España y Europa y recalcan que solo quieren conocer «la verdad» de lo sucedido.
«Opacidad»
En esta línea, subraya que las mismas preguntas que se hacían hace 18 meses se mantienen ahora y recalca la dificultad de haber llegado hasta aquí por la « opacidad » de la empresa y las respuestas que no aportaban luz de las consellerias de Sanidad e Igualdad y Políticas Inclusivas. «Confiamos que se esclarezcan los hechos y se actúe en consecuencia», exponen, tras unos meses que se les han hecho «muy largos».
Las familias demandantes critican que las diligencias pre-procesales abiertas en Fiscalía estén aún en periodo de recogida de información y en las que no están personados al no habérseles dado trámite «de nada» y, por tanto, desconocen en qué situación se encuentran.
El letrado de Dictum ha explicado que la demanda es contractual, derivada del contrato de servicios suscrito al acceder el usuario al centro, y la extracontractual por el riesgo que se ha creado, el daño y la responsabilidad por este último.
Según ha relatado, ha sido un proceso «largo y desagradable» porque «no ha habido ninguna colaboración por parte de la administración pública » y «escasa repercusión» ante la Fiscalía ante los hechos denunciados 'in voce' desde un principio.
En todo caso, ha indicado que han acudido a la vía civil y no penal porque en supuestos como Ardistyl o la 'colza' se ha tardado años en establecer una responsabilidad y también rechazaron la contencioso-administrativa porque preferían demandar a la gestora del centro y su aseguradora «porque son responsables de lo que ha pasado en ese centro». «Queremos saber qué pasó, por qué pasó y quién es el responsable», ha concluido.
Antecedentes antes del Covid-19
Los familiares exponen una situación en el centro que se remonta a entre 2018 y 2019, cuando se registran tres brotes de gastroenteritis y ya en ese año un grupo denunció, ante las administraciones local y autonómica, la «degradación» del servicio en ambos centros en cuanto a la atención de los usuarios. Antes de la pandemia, en febrero de 2020, todavía como Plataforma de familiares, mantuvieron una reunión con el director general de Infraestructuras de la Conselleria de Igualdad, al que entregaron un listado con las deficiencias detectadas en los meses previos.
Y ya el 8 de marzo de 2020 «comenzó la pesadilla para los ingresados y sus seres más queridos», y que acabó con el fallecimiento de 73 residentes. Las familias aseguran que la información «sesgada y poco transparente» por parte de la empresa gestora y el «desamparo institucional, acentuaron la angustia, el dolor, la impotencia y la rabia».
