Los políticos delincuentes no sólo viven de la corrupción

La concejal de ERC en el pequeño municipio de Toses (Gerona), Maria Gassó, fue detenida el pasado febrero por formar parte de una red de narcotraficantes. A la edil, que ingresó en prisión tras su detención y a la que el partido ya ha abierto un expediente, se la acusa además de tráfico de seres humanos. Su caso se une al de varios políticos catalanes que en los últimos años se han visto en manos de la justicia acusados de delitos "nada habituales" en el ejercicio de sus funciones. Nada que ver con los ya "clásicos", tales como corrupción, tráfico de influencias o prevaricación. Desde la pederastia al contrabando de tabaco.

Un consejero contrabandista

El exconsejero de la Generalitat y exalcalde de la Seu d'Urgell (Lérida), Jordi Ausàs, de ERC, protagoniza uno de los casos más sonados de esta particular crónica negra.

En junio de 2014 fue condenado a cuatro años de cárcel por contrabando de tabaco. A los tres meses de ingresar en la cárcel, el Departamento de Justicia de la Generalitat, liderado por Germà Gordó (CDC), le concedió el tercer grado, aunque la Audiencia de Lérida lo revocó. Además, Fiscalía indaga ahora si Justicia prevaricó al concederle esta medida.

El tabaco, otra vez

El contrabando de tabaco no es sólo cosa de ERC. El pasado febrero, la Guardia Civil detuvo al alcalde convergente de Pont de Bar (Lérida), Francesc Jordana, de 70 años, a su hijo y a la compañera sentimental de éste, acusados de formar parte de una banda que traficaba con tabaco de Andorra a gran escala. El juez dejó en libertad con cargos al primer edil y decretó prisión preventiva para su hijo.

Abusos a menores

Uno de los delitos más reprobables es la pederastia. Y la política catalana tampoco se ha salvado de su mancha. Joan Rodríguez Serra, que fue primer teniente de alcalde de Cubelles (Tarragona) por ERC, fue condenado en 2014 a seis años y medio de cárcel por abusos sexuales a tres adolescentes cometidos entre 2007 y 2010. Rodríguez dirigía un centro de menores en Vila-seca (Tarragona) y fue arrestado en octubre de 2010.

La injusticia

Ser un cargo electo comporta una mayor exigencia de ejemplaridad ante la sociedad. Y una mayor notoriedad. De ahí que la detención de un político sea más noticia. No obstante, el cargo también conlleva una servidumbre: exponerse a una condena mediática que a veces acaba en absolución judicial. Los Mossos d'Esquadra detuvieron en octubre de 2011 al concejal del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), José Luis Martínez Cardoso, del PSC, por su presunta implicación en una trama de proxenetas chinos. El edil defendió siempre su inocencia, pero renunció a sus funciones, aunque no al acta de concejal, a la espera de que se esclarecieran los hechos. En marzo de 2012, se archivó la causa contra él. Tras las municipales de 2015, Martínez Cardoso sigue siendo concejal en su municipio.