El Gobierno responde al TSJC que no verificará si la Generalitat cumple el 25% en las aulas de Cataluña

La Alta Inspección de Educación se limita a trasladar al tribunal la documentación aportada por la Consejería de Educación

Josefa Beltran Bertomeu, directora de la Alta Inspección de Educación en Cataluña, en una imagen de su época de alto cargo de la Generalitat, en 2007 ABC

Daniel Tercero

Josefa Beltran Bertomeu, en calidad de directora de la Alta Inspección de Educación en Cataluña del Gobierno de España, ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no tiene intención de velar por el cumplimiento de la sentencia que obliga a que en todas las aulas de la comunidad se aplique, al menos, un 25 por ciento de español. A pesar de la orden de los magistrados, Beltran Bertomeu ha alegado ante el TSJC que el Tribunal Constitucional limita las actuaciones de la Alta Inspección.

A inicios de mayo, el TSJC resolvió que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tenía 15 días para informar a los magistrados de las instrucciones que había enviado a los centros educativos para el cumplimiento de la sentencia de diciembre de 2020, que ordena aplicar un 25 por ciento de las horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales, como mínimo. Igualmente, se requirió a la Alta Inspección de Educación, en manos del Gobierno, que verificase el cumplimiento del fallo.

En la respuesta de la directora de este organismo del Ejecutivo español, integrado en la Delegación del Gobierno en Cataluña, al TSJC, cuyo documento ha sido consultado por ABC, Beltran Bertomeu se limita a enviar al tribunal los documentos que le ha remitido, a su vez, la Consejería de Educación, básicamente, el estado de la cuestión en este caso, es decir, el texto de la ley de lenguas aprobada en el Parlamento autonómico, el decreto ley aprobado por el Govern catalán y las instrucciones a los centros enviadas por Gonzàlez-Cambray.

Además, la directora de la Alta Inspección de Educación ha indicado que, en base a varias sentencias del Constitucional, su departamento no puede controlar la actividad de la Consejería de Educación, tal y como le ordenó el TSJC, porque no tiene competencias para ello, vulneraría el principio de autonomía y «el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades Autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado«.

Se da la circunstancia que Beltran Bertomeu, profesora de Primaria y licenciada en Filosofía y Letras, a lo largo de su carrera política vinculada al PSC, ha ocupado varios cargos políticos en la Consejería de Educación. Fue la directora de los Servicios Territoriales de educación en las Tierras del Ebro (Tarragona), entre 2006 y 2007, y después se encargó del programa de descentralización del departamento autonómico de Educación.

De esta manera, el Gobierno de España se alinea con la Generalitat de Cataluña y desoye al TSJC, que en sus fallos sobre el 25 por ciento de español en las aulas ha dado unas órdenes muy claras y directas. Tras la respuesta del consejero Gonzàlez-Cambray a la orden del TSJC de aplicar el 25 por ciento de español, que de momento se ha resuelto con unas instrucciones a los centros para que no la cumplan, la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de imponer multas por el incumplimiento del fallo y la inhibición del Gobierno en este caso, los magistrados deben decidir el siguiente paso.

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