La Generalitat de Cataluña sigue pagando la hipoteca de una entidad pancatalanista en Valencia: 652.300 euros

Debido a un acuerdo insólito, la Generalitat catalana abona cada año a ACPV el coste hipotecario de un edificio noble

Frontera entre Tarragona y Castellón, el día de la cadena humana por la independencia, en la que participó ACPV EFE

Daniel Tercero

La Generalitat de Cataluña firmó el pasado 30 de octubre un acuerdo por el que se transfería otros 652.300,97 euros a las entidades pancatalanistas de Valencia Acció Cultural del País Valencià y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster para sufragar la hipoteca del edificio El Siglo, según ha podido comprobar ABC.

Gracias a un acuerdo insólito (firmado en 2003), la Generalitat catalana paga la compra del edificio que alberga el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), en Valencia, cuyo titular es Acció Cultura del País Valencià (ACPV), entidad privada que presidió entre 2005 y 2012 Eliseu Climent, amigo íntimo de Jordi Pujol, y actualmente lidera Joan Francesc Mira.

El edificio El Siglo lo adquirió ACPV en 2004 y dos años después se puso en marcha, bajo la gestión de centro cultural y entre cuyos objetivos está el de expandir la idea pancatalanista de los Países Catalanes, que incluye la reivindicación política de unir los territorios en los que se habla catalán: Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, zonas limítrofes de Aragón y Murcia, así como el Rosellón (Francia) y el Alguer (en la isla italiana de Cerdeña).

Más de 30,5 millones de euros

La justificación que da el gobierno catalán para el pago de esta hipoteca es una «excepcionalidad» en la subvenciones «a dedo» amparada en la legislación de finanzas públicas, modificada en 2002. De esta manera, ACPV recibe cada año la cantidad que tiene que abonar en concepto de hipoteca y sin necesidad de devolverlo a las arcas públicas catalanas.

A estas cantidades anuales destinadas a la hipoteca, hay que sumar que ACPV recibe multitud de subvenciones de la Generalitat de Cataluña por diversos motivos. Un sistema que se puso en marcha en el año 1984 y que desde entonces suma más de 30,5 millones de euros, según cálculos de Ciudadanos.

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