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El caso arrancó por la denuncia de un médico del Hospital Joan XXIII de Tarragona - J. G.

La Generalitat avisa de que no modificará su política lingüística tras la sentencia del TSJC

La dirección general de Política lingüística denuncia que se está intentando "politizar" un hecho "sin fundamento"

BARCELONA Actualizado: Guardar
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La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha asegurado hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se conoció ayer y que tumba la obligación de los funcionarios de usar solo el catalán para dirigirse al público no hará modificar la política lingüística del gobierno catalán.

El TSJC tumba parte del protocolo de usos lingüísticos en el sector público de Cataluña, entre ellos los artículos que fijaban el catalán como lengua de comunicación entre el personal y que todas las conversaciones se tenían que iniciar en este idioma.

Franquesa ha calificado en declaraciones a Catalunya Radio recogidas por Efe la decisión de "alarmante" y "sin ningún fundamento". Ha añadido que la sentencia "no implicará una modificación de la política lingüística que aplicamos.

No habrá ningún cambio en las relaciones de comunicación con el ciudadano porque, como establece el decreto, que es en el que se basa, dice que la lengua de uso normal en la administración pública de Cataluña es la lengua catalana".

«Intento de politizar»

Según Franquesa, los funcionarios continuarán atendiendo al público en catalán y prevaldrá el derecho del ciudadano a utilizar la lengua que quiera. "Es una sentencia política. Pensamos que lo mismo que se está recomendando y que está funcionando en la administración en estos momentos, hace más de 35 años que se está siguiendo e intentando normalizar. Por tanto, ahora el contexto político es diferente y lo que busca es el intento de politizar, vía judicial, aquello que no correspondería", ha añadido Franquesa.

Para el tribunal, el "contenido imperativo" de este artículo se "extralimita" del marco normativo fijado por el Estatut de Cataluña.

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