La Fiscalía recurre al Supremo para que condene a Mas también por prevaricación

La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado hoy ante el Tribunal Supremo (TS) que recurrirá la pena de dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N, para que además del delito de desobediencia sea condenado por otro de prevaricación.

Según ha informado la Fiscalía Superior en un comunicado, la decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha adoptado «en coherencia» con la posición mantenida por la Fiscalía del Supremo en la causa contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs, a quien el ministerio público acusó de desobediencia y prevaricación por el 9N.

El tribunal acordó absolver a Artur Mas del delito de prevaricación en la consulta independentista del 9N, por el que la Fiscalía le pedía ocho años.

El ministerio público interpondrá ahora ante el Supremo un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) -que se comunicó el lunes a los acusados- «para que se pronuncie sobre la concurrencia del delito de prevaricación por el que han sido absueltos».

El TSJC condenó por un delito de desobediencia a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, y a una multa de 36.500 euros.

También impuso a la exvicepresidenta Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros; y a la exconsellera de Enseñanza Rigau a un año y seis meses y a una multa de 24.000 euros, ambas también por desobediencia, pero en su caso como colaboradoras necesarias; los tres quedaron absueltos de prevaricación administrativa.

Fiscalía solicitaba para Mas diez años de inhabilitación como autor de los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Ortega y para Rigau como cooperadoras necesarias, y el juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma «patente, clara y caprichosa» la suspensión del TC y que no sólo siguieron con los preparativos --como los tres defendieron en el juicio-- sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto.

Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del TS el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.