Los ediles de Badalona que abrieron el Ayuntamiento un 12-O dicen en juicio que solo fue un «acto político»

Un juzgado les había prohibido abrir el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) aquel 12 de octubre de 2016 pero los concejales decidieron atender igual a los ciudadanos en el edificio municipal como «acto político». Eran ediles del tripartito de izquierdas que entonces gobernaban la ciudad ( Esquerra, En Común y la CUP ).

En el juicio contra los seis ediles que ha comenzado hoy miércoles en la Ciudad de la Justicia de Barcelona , los concejales han asegurado que sí acataron la orden judicial, pues los funcionarios no acudieron a sus puestos de trabajo. No encendieron ni las luces del edificio, según han defendido, ni se registraron documentos, pero decidieron igualmente atender ellos mismos a los ciudadanos como «acto político» en señal de protesta.

Fue una desobediencia «en términos políticos y no en términos jurídicos», según lo ha definido Oriol Lladó (Esquerra) . Aunque uno de los ediles incluso rompió ante las cámaras y ante el Consistorio una copia del auto que les prohibía abrir el edificio municipal. Como Artur Mas el 9N o Quim Torra con su «show» de las pancartas: hacer creer a los ciudadanos que se desobedecía, tal y como lo definió el juzgado que en un principio había archivado la causa. Aquel juez consideró entonces que todo había sido una «mera performance». Según este juez, los ediles hicieron «creer muy hábilmente» que desobedecían, pese a que sabían que no lo estaban haciendo.

No obstante, meses después, la Audiencia de Barcelona estimó un recurso de la Fiscalía y ordenó reabrir la causa al considerar que los ediles «desatendieron» un mandato judicial que les obligaba va abstenerse de abrir las dependencias municipales a ciudadanos. Por eso ahora se vuelven a sentar en el banquillo para afrontar una pena de 15 meses de inhabilitación y una multa de 4.200 euros por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

Hoy miércoles, ante el juez, han insistido que hicieron esa protesta en una determinada «tesitura política» (el proceso independentista estaba en marcha) pero daban por cumplido la orden judicial con un correo que enviaron a los funcionarios diciéndoles que finalmente no fueran a trabajar.