La Abogacía del Estado se opone al intento de los Pujol de ser juzgados en Cataluña

Si tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, Jordi Pujol prefiere que sea en el de un juzgado de la comunidad autónoma que ha gobernado durante 23 años y no en el de la Audiencia Nacional. El nuevo intento de la familia para que el voluminoso sumario del caso viaje de vuelta a Cataluña, donde hace un lustro comenzó a instruirse, se ha topado por el momento ya con la oposición de la Abogacía del Estado . Pero la Audiencia Nacional, que previsiblemente acabará sentando en el banco a los nueve miembros del clan, será quien tenga la última palabra.

De momento, la Abogacía del Estado, como acusación en el caso en representación del Gobierno, en un escrito al que ha tenido ABC, ha pedido a juez instructor, José de la Mata, que rechace el recurso de los Pujol, pues considera que la competencia para juzgarles es de la Audiencia Nacional . Los abogados de la familia argumentaban que la larga investigación había evidenciado que debería juzgarse en Cataluña al ser «en dicho territorio en el que se han desenvuelto sustancialmente los hechos investigados». Esto es, una trama corrupta con la que durante años empresarios habrían hecho pagos millonarios a la familia Pujol Ferrusola para congraciarse con ella y favorecerse de su influencia política en adjudicaciones públicas y recalificaciones urbanísticas.

La Abogacía del Estado, sin embargo, se opone frontalmente a las pretensiones de la familia de desviar el juicio a territorio catalán. Y es que, para esta acusación, la investigación no ha hecho más que confirmar «el sustancial elemento de internacionalización de las operaciones y movimientos financieros» de los Pujol. Esto es, el uso de sociedades interpuestas en paraísos fiscales para disimular los pagos ilegales, sortear al fisco español e inflar a millones sus cuentas bancarias andorranas.

Además de su enésimo intento de trasladar la causa a Cataluña, los Pujol discutían al juez que quiera sentarles en el banquillo por delitos de organización criminal o asociación ilícita, que en caso condena implicaría altas penas de prisión. Aquí, la Abogacía del Estado también se alinea con el juez y dice que los hechos «merecen» indiciariamente calificarlos como tal. Y añade la letrada del Estado, para defender que se les juzgue por organización criminal, que el auto de De la Mata describe minuciosamente la «estructura jerarquizada» de la familia Pujol en sus actividades ilegales

El juez cerró hace poco la instrucción del caso , pendiente ahora de que las partes –especialmente la Fiscalía– presenten sus calificaciones. De momento, lo ha hecho Podemos, acusación popular en la causa, que pide 20 años de cárcel para el «expresident» .