La Generalitat estudia nuevos impuestos para las entregas del comercio electrónico
La consejería de Empresa y Trabajo prevé que la nueva ley obligue a almacenes a unos 300 metros del destinatario
Esta nueva fiscalidad podría aplicarse, entre otros, a las plataformas logísticas, con el fin de equipararlas a los centros comerciales
La consejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat «está trabajando» en la creación de los impuestos con los cuales prevé tasar las entregas de paquetería del comercio electrónico, que se elaborarán paralelamente a la nueva ley catalana para regular este sector. En una entrevista de Europa Press, el director general de Comercio de la Generalitat, Jordi Torrades, ha dicho que prevén llevar la ley al Parlament a principios de 2023 para regular estas entregas.
Ha matizado que «se debe mirar muy bien, que no sea una forma de tirar piedras al propio tejado», y será un impuesto justo y razonable, que además sea exportable y copiable por otras administraciones.
«Debe ser muy ponderado, razonable y estudiado», ha asegurado, y ha añadido que puede estar ligado al volumen o al precio de los paquetes, aunque todavía se debe discutir la manera de aplicarlo. Esta nueva fiscalidad podría aplicarse, entre otros, a las plataformas logísticas, con el fin de equipararlas a los centros comerciales y «perseguir la igualdad de condiciones para competir».
También ha dicho que la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de presentar una 'tasa Amazon' antes de verano se vehicula a través de la Ley de Comercio de Cataluña, según la cual los consistorios «deben regular y tasar las entregas a domicilio».
«Esto hace cuatro años que está en vigor y nadie lo ha hecho. Es uno de los motivos para hacer esta ley y que haya unos mínimos obligatorios», ha dicho, aunque ha alertado de que se debe hacer bien porque es un tema complejo y, si no está bien pensado, puede ser llevado a los tribunales.
La nueva ley pretende regular las entregas del comercio electrónico, que ha tenido un aumento del 20% en el último año, algo que «tiene un impacto y no está regulado».
El texto estará especialmente dirigido a los municipios más poblados y con más densidad de población y prevé, entre otros aspectos, regular que haya más almacenes operativos para reducir la distancia del último escalón en la entrega, de manera que esté a 200 ó 300 metros del destinatario y se puedan usar transportes no contaminantes.
También prevé regular el horario de entrega, aunque se deberá «mirar muy bien» para evitar que la regulación acabe perjudicando a las pymes.
El Govern pretende hablar con todos los actores implicados en el proceso para conseguir el máximo consenso posible en el texto final que se presente en el Parlament. Torrades ha dicho que las pymes del sector comercial «por suerte» se ven menos afectadas por los incrementos de precios de la electricidad, los carburantes y las materias primas, aunque están en la cadena de valor y acaban percibiendo el aumento de costes.
Ha afirmado que hasta ahora el impacto es menor, «pero está claro que es difícilmente sostenible en el tiempo», y ha advertido de que uno de los peligros es que la renta disponible de las familias sea menor y esto acabe impactando al comercio.
