Los delitos sexuales investigados en Barcelona se disparan
Crecieron un 26 % en 2018 respecto al año anterior, según la memoria de los juzgados de la capita catalana
Los juzgados de Barcelona investigaron el año pasado un total de 1.795 delitos sexuales, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2017 , debido principalmente al incremento de los casos de acoso, que se han disparado en cinco años al pasar de apenas 18 a un total de 427.
Así lo revela la memoria de los juzgados de la capital catalana que este jueves ha presentado en rueda de prensa la jueza decana, Mercè Caso, quien ha considerado que el incremento de las delitos sexuales no es «necesariamente malo», porque puede mostrar «no que haya más hechos, sino que se están investigando más» al crecer las denuncias.
Según detalla el informe, las agresiones sexuales instruidas por los juzgados aumentaron un 30,9% en 2018, al situarse en un total de 1.235 causas frente a las 943 de 2017, con lo que por primera vez en los últimos cinco años la cifra supera los 1.113 casos registrados en 2014.
Asimismo, en 2018 los juzgados de Barcelona abrieron un total de 37 causas por violación , frente a las 3 que investigaron en 2017, cifra idéntica a la que se registró en 2014.
Los acosos sexuales son uno de los delitos que más han crecido, con un incremento sostenido en cinco años: en 2014 hubo 18 casos investigados, 79 en 2015, 136 en 2016, 152 en 2017 y la cifra aumentó hasta los 427 el ejercicio pasado.
Respecto a los casos de abusos sexuales, en 2018 sumaron 106 de las causas abiertas en los juzgados de Barcelona, menos de la mitad de las que se instruyeron en los tres años anteriores, cuando el número de denuncias se mantuvo estable: 329 en 2015, 384 en 2016 y 326 en 2017.
El aumentos de los casos contra la libertad sexual se repite también en la jurisdicción de violencia doméstica, que en 2018 recibió 110 denuncias por agresiones de ese tipo en el ámbito de la pareja , frente a las 31 interpuestas en 2014, en una tendencia que no ha hecho más que crecer en los últimos cinco años.
En el ámbito de la violencia machista, Caso ha destacado el aumento del 10% en las órdenes de protección otorgadas por los juzgados de Barcelona especializados en la materia, que en 2017 destacaron por denegar dos de cada tres solicitudes presentadas por mujeres que denunciaban maltratos, en uno de los índices más bajos de España.
Según la decana, ese aumento de las órdenes de protección ha sido posible gracias a la «maduración» del sistema de valoración de riesgos puesto en marcha hace dos años por la policía catalana, un informe que no vincula a los jueces pero que les facilita un «elemento muy poderoso», al estar basado en una «perspectiva técnica profesional estandarizada».
La memoria de los juzgados de Barcelona apunta asimismo a un aumento del 38'8% de los desahucios ejecutados en la capital catalana -han pasado de 2.873 a 3.990 en un año-, lo que a su parecer obedece a las reformas legislativas para agilizar los lanzamientos.
No obstante, ha celebrado que han mejorado los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales y los juzgados para facilitar vivienda alternativa a las familias desahuciadas, lo que ha permitido a la administración intervenir en 1.018 lanzamientos ejecutados el año pasado, frente a los 893 de 2017.
Mercè Caso ha aplaudido la puesta en marcha de un nuevo juzgado de guardia en Barcelona para hacer frente a los delitos leves por hurtos, una medida que ha permitido reducir de diez a un mes y medio el plazo medio para juzgar ese tipo de casos y que la juez decana confía que podrá seguir acortándose en un futuro.
La memoria refleja también el impacto que ha tenido sobre los juzgados de Barcelona la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo, que ha motivado que el número de demandas presentadas entre 2017 y este mes de abril ronde las 36.000.
Con tal acumulación de demandas, cada magistrado deberá dictar anualmente 900 sentencias sobre cláusulas suelo, con lo que la resolución de esos litigios podrá demorarse entre cuatro o seis años, según Caso, que, sin embargo, cree que «no hay que invertir más esfuerzos» en ese ámbito para no colapsar al resto de la jurisdicción civil.
