A propósito de Sant Hipòlit

En ocasiones, una anécdota explica mejor una situación que un razonamiento complejo. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Y esto es lo que ha pasado esta semana con la moción presentada por la agrupación de Convergència en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) según la cual debe suspenderse el sueldo a aquellos funcionarios críticos con el separatismo. Es cierto que los autores de la propuesta han rectificado al poco tiempo; pero lo relevante no es la propuesta en sí, sino todo lo que implica.

De entrada, la moción muestra qué opinión tienen los separatistas de quienes quieren respetar la legalidad vigente: deben ser considerados enemigos del pueblo, y por tanto no merecen su salario de servidores públicos.

Más aún, un detalle inquietante que ha sido pasado por alto es el que se refiere a cómo se definía en la moción convergente las personas a las que debía dejarse de pagar un sueldo público: aquellos que se han mostrado públicamente contra la independencia de Cataluña. Es decir, no aquellos que desde la Administración trabajan contra la independencia de Cataluña, sino aquellos funcionarios que, en su actividad privada como ciudadanos, se han mostrado críticos con el proceso de ruptura de España. Como puede apreciarse, se trata de un modo que presenta evidentes tics totalitarios: los adversarios políticos son considerados enemigos, y el poder debe controlar tanto la actividad pública como la privada de los enemigos.

Ahora bien, siendo esto grave lo que ha puesto de manifiesto este episodio es que no estamos ante un supuesto de desafección espontánea. Lo sucedido muestra que en Sant Hipòlit de Voltregà, como en muchos otros municipios catalanes, la Administración local hace tiempo que dejó de servir con objetividad a los intereses generales: si se ha podido señalar a algún funcionario como contrario al procés es porque la mayoría trabaja activa y entusiásticamente a favor del mismo, y no para resolver los problemas de los ciudadanos. Hace tiempo que las instituciones en Cataluña se dedican a adoctrinar a la sociedad: para la «construcción nacional» en tiempos de Pujol, para romper España desde el último lustro.

A la vista de esta situación podemos legítimamente preguntarnos cuál sería el apoyo a la independencia si las diferentes Administraciones catalanas se dedicaran a cumplir la ley en ejercicio de sus competencias, sin adoctrina a la sociedad ni regar con dinero público a las organizaciones soberanistas.

Aquí está la buena noticia: si dedicando ingentes recursos públicos únicamente han llegado al 48 por ciento, el día que se cumpla la ley veremos cómo, lejos de agravarse el problema, comienza la solución del mismo.