El Parlamento nacionalista de Cataluña

En julio de 2010, cuando el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, decidió liderar una manifestación contra la sentencia de un tribunal de Justicia y, por lo tanto, dar carta de naturaleza a la ruptura de la separación de poderes, el muy honorable no se imaginaba que abrazar las tesis de los defensores del català emprenyat, rodearse de banderas independentistas y hacer caso a los nacionalistas del PSC (ahora en ERC o en su órbita) acabarían, nueve años después, con el prestigio (poco o mucho) que las instituciones autonómicas catalanas mantenían entre la población de todo el país, es decir, de España.

Tras el «Som una nació. Nosaltres decidim» y su huida de la marcha de aquel 10 de julio, para evitar que le lapidasen, llegó Artur Mas. La historia es conocida. El PSC hizo presidente al líder de CiU, el PP le aprobó los presupuestos y con ERC se subió al monte, ya en 2012. Pero la sierra de Collserola no es la sierra Maestra cubana. Ni la España del siglo XXI es la Cuba de la década de los años cincuenta del siglo XX. Lo que Mas nos regaló después, ya sin pasar por las urnas de forma directa, Carles Puigdemont y Quim Torra, no es más que la consecuencia natural de una mafia de barbudos. El independentismo catalán es un estado mental alejado de cualquier realidad. Todo lo que toca, lo corrompe. Arrastra al que se acerca. Una especie de síndrome de Montilla, al que las instituciones autonómicas no han quedado al albur.

Tras su huida, en 2017, Puigdemont puso en marcha en Bélgica el Consell per la República, que nació siendo de la... pero que se quedó en para la... Una auténtica institución paralela a las oficiales autonómicas y democráticas, pese a que estas las controla el nacionalismo desde su nacimiento. Aunque creado como entidad jurídica privada, los vínculos con las autoridades públicas catalanas no se esconden. Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, compaginó su cargo con el de miembro del Consell sin ningún rubor. Desde el minuto uno de su mandato, Torra reitera que se debe a Puigdemont -presidente del Consell, claro- y a las instituciones republicanas, que no existen, pero hacen ver que sí en Bélgica. La situación es tan delirante que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) intentaron asaltar el Parlamento de Cataluña al más puro estilo Tejero, para celebrar en 2018 el primer aniversario del 1-O y solo pocas horas después del «apretad» de Torra.

Otra forma de ridiculizar la institución parlamentaria es la de bloquear la elección de los senadores autonómicos. Miquel Iceta se quedó sin presidencia del Senado, no llegó a tener ni escaño en la Cámara Alta. Montilla había dejado su acta para que Iceta saliera de la trituradora política catalana, pero ERC y JpC los frieron a fuego lento. Resultado: el Parlamento de Cataluña tiene un senador menos en Madrid. El del PSC, evidentemente, pues los independentistas no dejan de dar sus números de cuenta bancaria para que España les ingrese la nómina. El objetivo de los partidos secesionistas es claro y no lo ocultan: aquí no se juega hasta que el Estado ceda a su chantaje. En estas están.

Así lo hicieron también con los intentos de investidura tras el mandato de Puigdemont. Utilizaron la Cámara catalana a su antojo. Primero, con Puigdemont, al que querían hacer presidente (otra vez) sin pisar el hemiciclo, por videoconferencia. Luego, con Jordi Turull, al que enviaron al matadero de la Ciudadela un fin de semana sabiendo que la CUP impediría su elección como presidente y el lunes tenía que declarar ante la Justicia por su responsabilidad en los actos del 1-O, con una alta probabilidad de que ingresase en prisión. Ni Puigdemont ni Torra se presentaron a las elecciones como candidatos a la Generalitat, pero son Cs y el PP los que desprestigian las instituciones por presentar una moción de censura.

Estado mental en esencia. La actividad parlamentaria está bajo mínimos y se autoriza el uso privado del Palacio de la Generalitat por parte de personas sin cargo público para que cuelguen pancartas cuya intención es la de dividir a la población. Más. Los partidos independentistas mantienen el bloqueo en la renovación de más de una veintena de organismos e instituciones que dependen del Parlamento autonómico. Los ámbitos son tan variados como existentes. Los medios de comunicación públicos, el Síndic de Greugues, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la Sindicatura de Cuentas… todos manchados por la visión obtusa del nacionalismo que considera patrimonio propio lo que es de todos.

La retahíla es infinita. Quedan para el recuerdo las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017. El mayor logro jamás vivido hasta la fecha. El próximo uso inapropiado está previsto para esta semana. Roger Torrent convocará un pleno, con o sin petición de Torra, para que el legislativo autonómico dé «respuesta» al Poder Judicial. Una vía paralela a los altercados que los independentistas protagonizarán en las calles de Cataluña en las próximas horas. Habrá que ir acostumbrándose a esta sucia normalidad catalana.