El arzobispo de Barcelona advierte de que tras la crisis la separación entre bienestar y pobreza ha crecido
El arzobispo de Barcelona advierte de que tras la crisis la separación entre bienestar y pobreza ha crecido - I. BAUCELLS

El arzobispo Omella y Cáritas reclaman al Parlament aplicar la renta mínima garantizada

Un informe de la entidad señala que la pobreza severa ha aumentado un cuatro por ciento desde 2007

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El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y Cáritas Diocesana han hecho frente común para reclamar al Parlament que aplique la renta mínima garantizada y hacer frente así al incremento de la pobreza entre la población. Omella ha hecho esta petición ante el hecho de que, según ha precisado, después de la crisis, «la separación entre el bienestar y la pobreza se ha hecho más grande».

El arzobispo, que ha participado en la presentación del informe de Cáritas «Frágiles: La alimentación como derecho de ciudadanía», ha valorado que «toda ayuda a las familias en situación de pobreza permanente es buena», y ha reafirmado su apuesta por la implementación de la renta mínima.

El director de Cáritas en Barcelona, Salvador Busquets, ha reivindicado, además de la renta mínima,

ampliar el parque de vivienda social y «construir un nuevo sistema económico y productivo», donde se «regulen los salarios más altos» y haya «cambios en la estructura fiscal».

El mercado laboral «pierde capacidad»

El informe, que se centra en la campaña de Cáritas de Navidad alrededor de la alimentación y «la fragilidad humana», constata que la pobreza severa ha aumentado un 4 por ciento desde 2007, hasta llegar al 10,6 por ciento de la población en 2016, informa Efe.

Busquets ha destacado que el mercado laboral actual «ha perdido la capacidad de garantizar una vida digna», ya que, según el informe, el 13,2 por ciento de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social, una tasa que aumenta hasta el 24,5 por ciento en el colectivo de trabajadores jóvenes.

El estudio refleha que el salario mínimo «se ha convertido en la referencia» para los contratos

El estudio refleja que el salario mínimo «se ha convertido en la referencia» para los contratos, mientras que «antes se tenía en cuenta el salario medio»: actualmente, un cuarto de los trabajadores catalanes cobra el salario mínimo, de los cuales 329.000 personas cobran menos de 327 euros mensuales.

Cáritas también denuncia a través del informe que la desigualdad crece en Cataluña, ya que el 20 por ciento de la población con más ingresos tiene 6 veces más que el 20 por ciento de la población con menos ingresos, mientras que, en 2007, la diferencia era de 5 veces.

Mercè Darnell, adjunta en Acción Social de Cáritas, ha hecho una llamada a las administraciones públicas y su «responsabilidad» para cambiar esta situación. Darnell y Busquets han explicitado que la entidad espera que el parque de vivienda social se equipare al nivel de los países europeos, que cuentan con un 16 por ciento de media de pisos sociales, mientras que en Cataluña sólo hay entre el 2 y el 2,5 por ciento de parque de vivienda.

Dos millones para alimentación

Darnell ha destacado que Cáritas ha pasado a destinar más del 50 por ciento de sus aportaciones a la alimentación, y ha llegado hasta los 2 millones de euros en este ámbito.

El gasto total de la entidad en 2016 ha superado los 3,8 millones de euros, cuatro veces más que el gasto de 2007, de los cuales el 48 por ciento se han destinado a otras ayudas económicas como la vivienda, el transporte o la asistencia sanitaria, entre otros.

Darnell ha valorado positivamente la iniciativa de Cáritas de proveer a las familias beneficiarias de su ayuda con una tarjeta de prepago, restringida a pagar alimentación, una iniciativa que empezó en 2013 y que se ha ampliado hasta beneficiar a 450 familias.

Navidad: «tiempo de compromiso con los pobres»

Omella ha destacado que la Navidad es un tiempo de «solidaridad», de «vivir con el corazón abierto» y de «compromiso con los pobres», también por parte de «la administración».

La renta mínima garantizada ciudadana está pendiente de que se debata en el Parlament, desde que una Iniciativa Legislativa Popular hizo llegar la propuesta a la cámara catalana en 2013.

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