El TSJ solicita refuerzos de personal para la «trama eólica»

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó ayer remitir al Consejo General del Poder Judicial la petición del juez instructor de la «trama eólica» para que el procedimiento sea considerado como causa de especial complejidad por corrupción y en consecuencia se proceda a la ampliación de personal en el órgano con el fin de poder hacer frente a este caso y al correcto funcionamiento del resto de asuntos que asuma el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid.

El informe, elaborado por el juez y avalado por el TSJ, resalta la pluralidad de personas investigadas - de inicio la querella de la Fiscalía Anticorrupción ya se dirigió contra 21 personas -, así como la «complejidad y la duración de la investigación debido al notable volumen alcanzado por las actuaciones» que analizan el posible cobro de comisiones entre 2002 y 2015 por la instalación de parques eólicos en Castilla y León.

Así, se ha solicitado refuerzo de personal, considerando necesaria la integración en la actividad del órgano judicial de un equipo compuesto por un inspector y un subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la comunidad autónoma. Con su incorporación, confía el instructor de la trama que se pueda «facilitar el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida».

Asimismo, el TSJ ha visto «conveniente» también solicitar el apoyo al magistrado instructor mediante el nombramiento de otro juez en comisión de servicio sin relevación de funciones que se haga cargo del enjuiciamiento de los delitos leves que lleguen a Instrucción 4 para permitir, así, al titular del órgano una «mayor dedicación a la causa compleja». Entendiendo, así, que esta ampliación temporal de personal sería «útil para el avance de la instrucción» de la «trama eólica», el TSJ remitirá un informe a la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ, según informaron ayer desde el Alto Tribunal autonómico.

La instrucción de esta causa, que lleva ya dos años en el juzgado y sin nuevas citaciones desde 2018, trata de esclarecer si bajo la batuta del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, se exigió a los promotores de parques eólicos que para obtener autorizaciones cedieran participación en los proyectos a empresas locales afines. Estos hechos, que pudieron generar unas comisiones de más ochenta millones de euros entre los distintos actores que formaron parte del departo del mercado del viento, podrían incurrir en delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho.