El magistrado Fernando Presencia será juzgado por otra presunta prevaricación judicial

El magistrado Fernando Presencia Crespo, juez decano de Talavera de la Reina (Toledo) que está suspendido en sus funciones de manera provisional, deberá sentarse en los próximos meses delante de un tribunal para responder por una presunta prevaricación judicial. Será la segunda vez que el juez Presencia sea juzgado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por su condición de magistrado .

En la primera ocasión, en mayo de 2016, el tribunal le condenó con 3.600 euros de multa y una inhabilitación de diez años por un delito de prevaricación. La sentencia falló que Presencia, ejerciendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, «dictó a sabiendas una resolución injusta para favorecer a un amigo imputado en un procedimiento que tramitaba su juzgado».

Por ello, Presencia está actualmente suspendido de sus funciones como juez de manera temporal, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el recurso presentado por el juez a esta sentencia de mayo de 2016. No obstante, sigue siendo el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera.

Resolución «insólita»

Mientras llega el fallo del TS, Presencia deberá enfrentarse en un juicio oral a otra imputación del Ministerio Público, que le acusa de ser autor de otra prevaricación judicial también en favor de un amigo suyo que era investigado por estafa.

Aún sin fecha para la vista oral, el fiscal pide para Presencia una condena de 18 meses de multa y quince años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado, además de la pérdida definitiva del cargo que ostenta.

Según el fiscal, el magistrado dictó una resolución «insólita y anómala» en favor de un amigo el 26 de febrero de 2014. Ese día, Presencia acordó un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito de estafa en presencia del propio investigado, con el que «mantenía una relación estrecha e intensa de amistad que trascendía del mero conocimiento personal». Así lo asegura el acusador público en su escrito de acusación, que está recogido en el auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado 27 de febrero.

El fiscal afirma que la decisión de Presencia en beneficio de su amigo estuvo «carente de toda cobertura legal, además de prematura», ya que el juez no oyó a las partes ni esperó el resultado de la práctica de diligencias ya acordadas» y que el Ministerio Público considera «indispensables... a la vista de la declaración del propio investigado». Entre esos trámites había varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria y la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.

Además, el Ministerio Fiscal relata que la resolución oral «no fue documentada de forma escrita hasta el 18 de agosto de 2015, diecisiete meses después de su dictado». El fallo, recurrido por el fiscal y por la acusación particular, fue revocado luego por la Audiencia Provincial de Toledo.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó una querella contra el juez decano de Talavera, lo que motivó que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha abriese diligencias previas con fecha de 27 de septiembre de 2016.

Meses después, y concluida la investigación pertinente, el magistrado-instructor designado para el procedimiento, Eduardo Salinas Verdeguer, resolvió en un auto continuar con la tramitación de la causa contra el juez Presencia por un presunto delito de prevaricación judicial del artículo 446.3 del Código Penal. Era el 13 de febrero. Catorce días después, el juez Salinas Verdeguer acordó la apertura de juicio oral contra Fernando Presencia, a quien el Ministerio Fiscal acusa de un delito de prevaricación judicial.

Arrestado por la Policía

Semanas antes, el 1 de febrero, el magistrado Presencia ya había sido detenido por la Policía Nacional después de no comparecer en tres ocasiones en su propio juzgado, el de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Talavera, para que le tomaran declaración por una querella de un togado. El arresto había sido ordenado por su sustituta, la juez María Soledad Losana, debido a unas diligencias previas abiertas por una denuncia del fiscal coordinador de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz, contra el juez decano.

No ha sido ésta la primera vez que Presencia ha tenido que ser arrestado por la Policía Nacional para comparecer ante la Justicia. El 5 de mayo de 2016 fue escoltado al juzgado de guardia de Talavera para citarle al juicio que contra él se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha días más tarde. De aquel pleito salió con la condena de diez años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación judicial. Ahora deberá enfrentarse a un nuevo litigio.