Agentes de progreso olvidados. Rodrigo González-Alegre (3)

José Luis del Castillo

20/01/2021
Actualizado 21/01/2021 a las 12:44h.

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Del Congreso a la Alcaldía

El final del bienio progresista, en julio de 1856, devolvió Toledo y provincia a la sujeción a quienes, conservadores o liberales, detentaban el poder desde la Corte. Controlada por Madrid la elección de diputados, González-Alegre vería frustrada en 1857 su candidatura por Cándido Nocedal (1821-1885), ministro de la Gobernación y «protector de la religión en el segundo emporio del catolicismo», según el alcalde Manuel Adoración García Ochoa . A su vez, Celestino Mas Abad (1819-1883), gobernador de la Unión Liberal, conseguía con maniobras fraudulentas que José Pérez-Caballero (1827-1904), sobrino del ministro José Posada Herrera (1814-1885), derrotase a Nocedal y a González-Alegre, candidato del Partido Progresista, en las elecciones de finales de octubre de 1858. Fue ocasión, con todo, para que él, acaso a cambio de su derrota, retomara la actividad municipal.Sobre Rodríguez González Alegre y Toledo

A principios de noviembre, poco después de la elección de diputados, era elegido regidor en una coalición de progresistas y liberales y el 1 de enero, investido alcalde. Aunque no hubo una renovación completa del consistorio, cesaban significados miembros del equipo conservador, caso de Víctor Martín y de Buenaventura López Cejalvo , tenientes alcalde, o de Severiano López Fando , designados concejales por Nocedal en 1856. Otros empero mantendrían puestos relevantes, como Mariano Visitación Aguad o, teniente alcalde en el consistorio pergeñado por Nocedal y en el presidido por González-Alegre .

Era muestra del signo pactista de su mandato. Lo desarrollaría al tiempo que la Unión Liberal alcanzaba altas cotas de popularidad gracias, entre otras razones, al triunfo en la primera guerra de África, entre octubre de 1959 y abril de 1860, que recibió en Toledo apoyo enfervorizado de todos los grupos políticos, de su alcalde y de la población en general.

El 1 de enero de 1861 se hacía con la vara de alcalde por segunda vez. Las elecciones municipales permitieron, a su vez, completar el relevo de los concejales conservadores, que habían funcionado como bloque de oposición, y consolidar el equipo liberal de gobierno municipal. No hubo, sin embargo, discontinuidad en la actuación de los dos consistorios. Tanto ambos como el sucesivo mantendrían el impulso reformista dado por González-Alegre al Ayuntamiento. Antonio Martín Gamero , tan escéptico sobre el presente en su Historia de la ciudad de Toledo, comentaría en 1866 que se había entrado en una nueva y «dichosa era» gracias a cuantos en esos años habían «ocupado los escaños municipales».

No obstante, el potente grupo neocatólico que antes había dirigido el Ayuntamiento y que aún controlaba la Diputación, pronto presentaría dura batalla, liderada por el diputado provincial y antiguo gobernador Manuel María de Herreros. La oposición culminaría con una denuncia a González-Alegre por un supuesto delito administrativo en el cobro de impuestos, lo que forzaría su destitución a mediados de marzo de 1862. Su obra sería continuada por el gobernador y eminente intelectual Patricio de Azcárate del Corral (1800-1886), quien fue mantenido como alcalde-corregidor hasta finales de marzo de 1863, y por el consistorio resultante de las elecciones celebradas en noviembre de 1862, cuyos miembros así lo reivindicaron públicamente. Él permanecería como teniente alcalde 1º hasta el 1 de enero de 1863, cuando quedó constituido el nuevo Ayuntamiento. Por otra parte, la Audiencia territorial lo absolvería de toda culpa en junio de 1866, recibiendo congratulaciones de Antonio Martín Gamero en el periódico El Tajo y el homenaje de sus concejales.

Durante sus dos mandatos, González-Alegre emprendería reformas urbanas, cuya real importancia no ha llegado a serle reconocida, que sentarían las bases de la trasformación de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. A la plantación de árboles -que aún siguen- en el camino de la estación ferroviaria, para cuya reposición dispondría un criadero, y al arreglo urgente de plazas y paseos, le seguiría la alineación y empedrado de calles y aceras, la reparación de cloacas o la numeración de las casas con azulejos.

La posibilidad de abordar proyectos municipales más ambiciosos chocaba con el centralismo imperante en el sistema liberal decimonónico, apenas aliviado por los gobiernos progresistas. Cualquier proyecto costoso requería ser sancionado por los mayores contribuyentes y la Diputación, que se reservaban el control sobre gastos e ingresos, y en última instancia, recibir la aprobación del gobernador de turno y, según los casos, del gobierno central. Por otro lado, la normativa fiscal del Estado eliminaba muchas de las posibilidades reales de obtener ingresos a través de inversiones o de arbitrios, cuya recaudación pasaba en buena parte a la provincia y al Estado. Se limitaba, incluso, la posibilidad de recurrir a aportaciones económicas del vecindario.

Pronto lanzaría, sin embargo, planes de mayor calado a riesgo de que su realización fuese dificultada o forzosamente postergada no tanto, pero también, por las dificultades financieras del Ayuntamiento como por las trabas administrativas impuestas a la hacienda municipal. Así había de ocurrir en bastantes ocasiones, pese al apoyo de los gobernadores designados por el poderoso ministro de la Gobernación, el asturiano José Posada Herrera, relacionados, como él, con el Principado.

Antes de abordar otros proyectos, la necesidad de un nuevo cementerio, sentida desde tiempo atrás, como ha señalado Rafael del Cerro, le llevaría a plantear su construcción en abril de 1859. Sin embargo, los repetidos intentos de hacerla aprobar tanto por los mayores contribuyentes como por el Gobierno y la presentación de diferentes planes de financiación para culminarla en el plazo de dos años, no permitieron sino consensuar su emplazamiento donde fue inaugurado casi treinta y cinco años después, en 1893.

No dejaría de interesarse igualmente por las dos plazas emblemáticas de la ciudad, la de Zocodover y la del Ayuntamiento. La idea de González-Alegre de instalar en ésta un jardín fue aceptada por la unanimidad del consistorio el 3 de enero de 1862 y aprobada por el gobernador, Patricio de Azcárate , el 6 de febrero. Los planos presentados por el arquitecto provincial, Santiago Martín Ruiz, recibirían conformidad municipal el 1 de agosto y los gastos para llevar a cabo la reforma de la plaza, el 9 de octubre, si bien hubo que esperar a marzo de 1864 para ver concluida la obra. A su vez, la reforma de Zocodover evidencia la versátil potencialidad de los proyectos abordados. De la idea inicial de pavimentar sus soportales, aprobada el 8 de febrero de 1861, se pasaría a proyectar el ensanche y ajardinamiento de la plaza según planos diseñados en mayo por Blas Crespo (1804-1879). Aprobada la obra en septiembre de 1862, pese a la oposición del arquitecto provincial, Santiago Martín Ruiz, llevaría al derribo, entre 1864 y 1865, de los arcos situados al comienzo de la cuesta del Alcázar y, en 1866, del inmueble que estrechaba el acceso a la calle de las Armas.

También quedaron proyectados al futuro expedientes abiertos para otros paseos y plazas de la ciudad, así como las reformas, menos ambiciosas, emprendidas en el mercado de carnicerías, el teatro o el matadero. El paseo del Carmen, concluido en 1882, fue el primero de los nuevos paseos proyectados, tras permutar con José Safont, en 1859, el solar y los materiales del antiguo convento por terrenos de propios municipales. No se pudo conseguir entonces, sin embargo, sino comenzar los trabajos de desescombro y explanación del terreno y trazar unos primeros planos, obra del ingeniero de Obras Públicas Manuel Aramburu Pelayo.

Irregular fortuna tendría también la mejora, según planos dibujados por Blas Crespo, de las plazas de Padilla y de los Postes. La transformación de la primera dio lugar a la actual. El proyecto incluía un monumento dedicado al jefe comunero, no erigido por las trabas gubernamentales a una suscripción popular para sufragarlo. Sí se efectuó, por el contrario, el arreglo de la segunda plaza, decidido en febrero de 1862. Con todo, la vasta amplitud de tales planes impediría llevar adelante la reforma del paseo de San Cristóbal, consensuada el 8 de noviembre de 1861 a partir de planos diseñados en 1857 por el arquitecto municipal Vicente Miranda Bayón (c. 1830-c. 1890) y concluida en 1865.

Más éxito tendría la creación de una empresa municipal de bomberos que cubriera las insuficiencias de la existente compañía de seguros contra incendios; un significativo refuerzo de guardias rurales para mejorar la seguridad ciudadana; o una nueva escuela de párvulos, instalada en la casa de Caracas, perteneciente a los propios de la ciudad. Pero sobre todo destacan, tanto como la traída del ferrocarril, sus logros para abastecer de agua potable a la ciudad, a partir del proyecto del ingeniero Luis de la Escosura Morrogh (1821-1904), desde los manantiales de Pozuela hasta un depósito de distribución construido en la plaza de San Román, de donde el agua comenzó a fluir el 15 de marzo de 1863.

El plan inicial preveía además subir el agua del Tajo para usos públicos e industriales desde las ruinas del artificio de Juanelo mediante una máquina de vapor. Este proyecto fue empero paralizado, con la obra ya subastada, por la cerrada oposición del grupo neocatólico de Herreros tras la llegada de los conservadores al gobierno a mediados de 1863. Aparte de cuestionar la competencia profesional del ingeniero, se declaraban contrarios a la tecnología del vapor o a maquinaria traída de Inglaterra y contestaban, entre otras cosas, tanto el previsible gasto de combustible como el salario del maquinista. El proyecto sería sustituido en 1865 por otro de José López Vargas, que conllevó la voladura de los restos del artificio y funcionó desde 1870 de forma irregular por defectos advertidos en su día por Escosura.

Rodrigo González-Alegre no cesaría de interesarse por los asuntos del municipio. A principios de marzo de 1863 encabezaría la queja de un centenar de vecinos contra la pretensión de paralizar la traída de aguas y, ya en 1864, la reclamación de otros 70 para mantener la guardia municipal creada durante su mandato. Por otra parte, la tramitación de sus principales proyectos proseguiría hasta mucho después de su destitución. Incluso Gaspar Díaz Labandero, alcalde entre 1865 y 1868, pese a empezar su mandato intentando impedir la difusión de ideas progresistas, tendría que hacerse cargo, con mediano éxito, de buena parte de ellos (procurando, de paso, atribuírselos como de propia iniciativa) antes de reincorporarse a las filas carlistas.

En cuanto a él, designado presidente provincial del Partido Progresista, lo representaría en la Junta Central del grupo desde 1865. En coherencia con el retraimiento electoral de progresistas y demócratas, orientado a poner fin a la dinastía isabelina, evitaría participar en las elecciones celebradas entre 1863 y 1867. Sufrió además la represión del gobierno dictatorial de Narváez y González Bravo , último e inútil baluarte del Régimen, que lo encarceló en la prisión madrileña de Saladero acusado de rebelión y sedición.

Volvería, sin embargo, al primer plano de la vida política con el triunfo de la revolución de 1868. Presidió entonces la Junta de Gobierno provincial constituida a la caída de Isabel II y fue elegido nuevamente diputado en Cortes en 1869 y senador en 1871. Alineado con Sagasta en octubre de 1871, fue nombrado gobernador civil de Madrid y distinguido con la Real Orden de Carlos III. Ocuparía un último empleo público, como comisario provincial de Agricultura, en julio de 1874.

Pocos años después, el 3 de octubre de 1879, fallecía en su Oviedo natal, donde recibió sepultura. Su viuda y sus cinco hijos, en particular Rafael e Isabel , continuarían en Toledo su actividad comercial y su labor de reformas urbanas.

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