Miguel Gracia (izquierda), junto al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero
Miguel Gracia (izquierda), junto al presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero - Fabián Simón
Política

El presidente de la Diputación de Huesca secunda las propuestas de Sánchez Quero para repoblar el campo

Miguel Gracia se apunta a las ideas lanzadas hace un par de semanas por el presidente de la Diputación de Zaragoza

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Las propuestas lanzadas por el presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, para fomentar la repoblación del medio rural y frenar la sangría demográfica de los pueblos están ganando adeptos. Ahora es el presidente de la Diputación de Huesca, el también socialista Miguel Gracia, quien se suma a esas fórmulas por las que aboga su homólogo en la provincia de Zaragoza.

Sánchez Quero, que además es presidente de la Comisión sobre Despoblación creada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), avanzó sus propuestas en una entrevista concedida a ABC hace un par de semanas. Esas mismas medidas las va a plantear a través de la FEMP, con el objetivo de que sean incorporadas a las políticas nacionales en materia demográfica y de desarrollo territorial.

El presidente de la DPZ ha reivindicado que la despoblación sea considerada una «cuestión de Estado» y que el Gobierno central -en coordinación con las autonomías, diputaciones y ayuntamientos- incorpore incentivos fiscales y económicos para primar a quienes viven, desarrollan actividades profesionales y emprenden negocios en el medio rural. Todo ello en el marco de un conjunto de medidas de «discriminación positiva» para fijar población en los pueblos y compensar la brecha económica que existe entre las áreas rurales y los entornos urbanos.

Ahora, desde la Diputación de Huesca, Miguel Gracia se ha apuntado a esas mismas propuestas. Secunda a Sánchez Quero y considera que es necesario hacer efectiva esa «discriminación positiva» en favor de los emprendedores del medio rural. Y, entre otras medidas, defiende que se valore la implantación de una renta básica, unos ingresos mínimos garantizados con fondos públicos, para los agricultores y ganaderos de los pueblos -sugiere que podría ser financiada con los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC)-.

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