La escandalosa ilegalidad que acabó en homicidio múltiple en un geriátrico de Zaragoza

En la noche del 11 de julio de 2015, la residencia de tercera edad «Santa Fe» de Zaragoza se convirtió en una pira letal para nueve ancianos que estaban en sus habitaciones, varios de ellos atados a sus camas y, la mayoría, incapaces de moverse por sí solos. El incendio convirtió con rapidez en una trampa mortal de llamas y fuego esta residencia, por culpa de una de sus internas, que ahora tiene 64 años, y que provocó el incendio para descargar la ira que había acumulado tras hablar por teléfono con uno de sus hijos.

La culpable inmediata de la tragedia fue esta mujer, María del Carmen Alejandre, que acaba de ser condenada ahora a 62 años de prisión por aquellos hechos y a indemnizaciones de más de medio millón de euros que no pagará porque no tiene solvencia alguna para hacerles frente.

El caso, sin embargo, va más allá de la acción criminal de esta mujer. La sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Zaragoza incide en el cúmulo de ilegalidades que arrastraba este geriátrico privado, que se mantuvieron durante años por la dejadez de la Administración, y que coadyuvaron decisivamente para que se produjera la tragedia.

De ahí que la misma sentencia condene a la empresa propietaria de la residencia como responsable subsidiaria. Y de ahí también que, pese a no incluirlo en la lista de condenados, el tribunal también apunte directamente contra el Gobierno aragonés en el mismo sentido, si bien la Audiencia entiende que no procede condenar al Ejecutivo regional por lo penal sino a actuar contra él por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Nuevas acciones judiciales

Por eso, la absolución del Gobierno aragonés en este caso, por la vía penal, no supone dejarlo libre de culpa. En su sentencia, la Audiencia de Zaragoza reconoce abiertamente que hay sobrados elementos que apuntan a que el Gobierno aragonés incurrió en «responsabilidad 'in vigilando'». Dicho de otra forma, que hubo manifiesta dejadez, que las autoridades autonómicas miraron para otro lado ante las persistentes irregularidades que acumulaba el centro. Y que, pese a esas graves anomalías, nunca forzó el cierre del geriátrico. Algo que, según el tribunal, debería haberse producido —entre otras cosas— por elementales cuestiones de seguridad.

En su día, esto ya fue objeto de reproches cruzados entre el actual Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán y el anterior equipo de Luisa Fernanda Rudi (PP) que estuvo al frente del Ejecutivo regional en la pasada legislatura. La actual consejera de asuntos sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, acusó expresamente al anterior Ejecutivo autonomico de «dejación de responsabilidades». Lo hizo escasos días después de que se produjera la tragedia, cuando destapó que, ya en el año 2012, se habían levantado actas contra ese geriátrico por deficiencias de mantenimiento y de condiciones higniénico-sanitarias. Unas deficiencias graves que, según la consejera del Gobierno aragonés, no habían sido subsandas, lo que condujo a la apertura de un expediente sancionador en 2014, expediente que, según Broto, deberían haber conducido a un procedimiento de cierre forzoso del centro. Pero no se ordenó dicho cierre.

Ahora, la Audiencia de Zaragoza certifica esa dejadez oficial que precedió a la tragedia y que figura como telón de fondo en aquel incendio provocado que mató a nueve ancianos de entre 71 y 92 años de edad, y que hirió a otras nueve personas.

Inseguridad manifiesta de las instalaciones

Ese geriátrico, según subraya ahora la sentencia, «infringía las más elementales normas de seguridad». Incluso «los colchones», por sus características, incumplían los preceptos básicos de seguridad, según el fallo. Tampoco era segura la distribución de las habitaciones. Por ejemplo, reprocha que —pese a haberse detectado hacía tiempo las anomalías—, ancianos impedidos siguieran estando alojados en habitaciones del piso superior del edificio, cuando «de haber estado en la planta baja hubieran podido ser rescatados» y haber salvado la vida.

«El funcionamiento de la residencia, además de ser ilegal, constituía un lugar carente de cualquier mínima seguridad», subraya la sentencia de la Audiencia de Zaragoza en otro de sus puntos. Y llega a cuestionar también la propia capacitación, suficiencia y disposición de la plantilla de trabajadores que atendía el geriátrico. Entre otras cosas, por no vigilar adecuadamente a la interna que provocó el incendio mortal, pese a su conocido perfil agresivo demostrado en sus actitudes y en sus antecedentes: estaba incapacitada por su salud mental —aunque la alteración psíquica no le impedía ser plenamente consciente de sus actos— y había sido condenada en firme un par de años antes por maltratar a su marido, al que había agredido.