El Tribunal de Cuentas investiga los gastos electorales de Podemos

Los gastos de impresión del programa electoral «estilo Ikea» de Podemos sufragado a través de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia se investigará por parte del Tribunal de Cuentas dentro de la fiscalización de las contabilidades de la formación política y de la Fundación populista correspondientes al ejercicio 2016.

«Con ello se comprobará si esta realizó gastos de naturaleza electoral que corresponderían en realidad a la coalición Unidos Podemos. De concurrir posibles infracciones de la normativa de partidos, se tramitaría el correspondiente procedimiento sancionador o si concurrieran responsabilidades penales se remitirían los hechos al órgano jurisdiccional competente», detalla su departamento de Comunicación.

De este modo, el Tribunal determinará la responsabilidad contable de imprimir 30.000 ejemplares del catálogo de Podemos para el 26-J con el lema «la sonrisa de un país» abonado por la Fundación populista con dos facturas por un total de 22.062,64 euros. Estos gastos, junto a 3.625 banderas con el logotipo de Unidos Podemos por valor de 10.989, 83 euros, deberían constar como gastos en actividad electoral de la coalición, como marca la legislación de régimen electoral.

El Tribunal de Cuentas decidirá si hay irregularidad y qué tipo de sanción se deriva. Si estamos ante un delito de falsedad contable solo lo podrá decidir un juez de lo penal, evaluando si en los gastos declarados abiertamente en la Fundación no había ánimo de ocultación. En la sexta sesión de la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados, el responsable de finanzas de Podemos, que es además uno de los administradores legales de la campaña del 26-J, Daniel de Frutos, explicó que «las fundaciones son entidades jurídicas propias que tienen permitido realizar actividades mercantiles».

«Nuestra Fundación gestiona el merchandising, de hecho lo tenemos en la tienda online, donde se puede comprar el famoso catálogo programa a un precio bastante razonable. Por otro lado están los gastos electorales del 26-J, que han sido entregados al Tribunal de Cuentas. No entendemos este revuelo, cuando estamos hablando de la venta de un producto más en la tienda».

Es el mismo argumento que trazó la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, dando un paso más al afirmar que era «mentira» la información que publicó ABC. Según los dirigentes de la coalición, la operación no tuvo nada que ver con su gasto electoral, cuando todos los datos de que la Fundación usó sus fondos para imprimir esos catálogos se reflejan en su portal de transparencia en distintas facturas, donde se detalla claramente como concepto «Elecciones Generales Congreso y Senado 2016».

Daniel de Frutos, quien sería la persona que tendría que responder si hubiera alguna irregularidad por no incluir los gastos de 33.000 euros en propaganda de la impresión del catálogo y las banderas, aportó un «dato demoledor» de falta de transparencia. «El 88% de las fundaciones no tienen página web y no facilitan sus estatutos ni publica su código de buen gobierno», como hace el Instituto.

«Agujeros negros»

Los portavoces en la comisión preguntaron por el papel de las fundaciones haciendo hincapié en la información publicada por ABC, ya que sus funciones son distintas a las de las formaciones políticas. Concretamente el Instituto 25-M reza en sus estatutos fines sociales y culturales, con la «promoción y profundización en los principios democráticos y los derechos humanos», nada que ver con el merchandising.

Tanto Ignacio Prendes de Ciudadanos como Artemi Rallo del PSOE definieron a las «fundaciones como los agujeros negros de la actual normativa en la financiación de partidos políticos» al no tener sus límites.

Aunque fue el portavoz del PP, Eloy Suárez, quien fue más duro al preguntarse si la ley acota suficientemente usar «este tipo de subterfugio». No sabe si es «una innovación de Podemos o retorcer la ley», porque «el merchandising también es un gasto electoral» y estarían intentando «abrir una ventana a un fraude de ley». También se refirió a las palabras de Pablo Echenique, que insistió en una entrevista en RNE que «todo es perfectamente legal» y que «el famoso catálogo lo vendíamos a 1,80 euros, y uno no puede vender material pagado con la subvención electoral», recordándole que su explicación «no tiene un pase» y es como «lo de la asistente que paga en B».