El Supremo zanja el permiso «a la carta» de Rull sin tomar medidas
Da por buena la explicación de la directora de la cárcel y no da traslado al fiscal
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido no tomar ningún tipo de medida contra la directora de la cárcel de Lledoners, Paula Montero, quien el pasado 5 de enero dio un permiso sin autorización judicial al exconsejero procesado Josep Rull para visitar a su hijo en el hospital. Los magistrados han dado por buena la explicación remitida por Montero -que ha alegado que vio un serio peligro en la vida del menor- y ni siquiera han dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si procede investigar los hechos por si pudieran ser constitutivos de una prevaricación administrativa.
La actuación de la Sala del «procés», de la que depende la concesión de permisos de los procesados, se produce a las puertas del juicio contra el plan secesionista ilegal; con lo que, en palabras de un magistrado del Alto Tribunal , no se quiere «echar leña al fuego» en un momento tan delicado.
En una providencia notificada ayer, la Sala señala que recibidas las comunicaciones de los días 8 y 14 de enero y el informe ampliatorio de la directora del centro penitenciario así como la «documentación complementaria referida a las circunstancias y a la gravedad del accidente padecido por el hijo del procesado (...), se tienen por hechas esas manifestaciones».
Como informó ABC, la víspera de Reyes, durante una visita familiar a la cárcel de Lledoners, el hijo menor de Rull se cayó y, como consecuencia del golpe, perdió el conocimiento . El menor tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia en estado de semiinconsciencia y Montero facilitó la salida del exconsejero encarcelado durante unas horas saltándose el obligado permiso que tiene que dar el tribunal del cual depende el preso preventivo, que en este caso es el Tribunal Supremo.
Antes de tomar esta decisión, amparándose en un artículo del Reglamento Penitenciario previsto solo para presos penados -no para preventivos-, Montero pidió permiso al juez de guardia de Manresa, en la creencia, según ha alegado la funcionaria, de que en el Supremo el sábado 5 de enero no había nadie. La juez de Manresa respondió que no era competente para decidir sobre esa salida, e hizo alusión al artículo 161.4 del reglamento en el que finalmente se amparó Montero.
En su escrito ante la Sala, que adelantó ayer el Confidencial, Montero explica que la doctora que reconoció al niño tras sufrir la fuerte caída constató riesgo vital en el menor y que fue esa facultativa la que solicitó una ambulancia para realizar una «salida vital», lo que equivaldría a una situación «muy grave que se ha de gestionar de manera muy urgente ». Añade Montero que tras trasladar al menor junto a su madre, se pasó a valorar la situación de Rull, que se encontraba en un «elevado nivel de ansiedad» ante la incertidumbre de cómo iba a evolucionar su hijo.
La Sala se conforma con la explicación de la directora de la cárcel, y pese a no tener en su poder el informe médico de lo acaecido, da carpetazo al asunto sin informe del fiscal. Pese a que fuentes de la Fiscalía del Supremo tildaron de escandaloso este permiso, ayer también abogaban por «pasar página».
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