Gregorio Ordóñez fue asesinado en la parte vieja de San Sebastián en 1995
Gregorio Ordóñez fue asesinado en la parte vieja de San Sebastián en 1995

Solo hay condena al jefe que ordenó matar en el 7 por ciento de los crímenes etarras

Covite cifra en 26 de 362 los atentados etarras con la autoría intelectual resuelta

MadridActualizado:

Volvían del cine, pero nunca llegaron a casa. Alberto Jiménez-Becerril, concejal del PP en Sevilla, y su esposa, Ascensión García, regresaban de madrugada cuando un comando de ETA les asesinó. Era el 30 de enero de 1998. El matrimonio dejó tres hijos huérfanos.

Semanas antes, el comando que les mató, el que operaba en Andalucía, había tenido una reunión en Francia. El entonces jefe de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, les entregó cuatro pistolas y les dio «instrucciones concretas». Debían atentar contra «personas pertenecientes a la política».

Kantauri -ahora encarcelado en la prisión de Campos del Río (Murcia)- lo había dejado por escrito. Envió cartas a los terroristas sobre los que mandaba, instándoles a asesinar a los políticos del PP. Así lo considera probado la Audiencia Nacional en la sentencia en la que condenó a Kantauri por ordenar el asesinato de Jiménez Becerril y García. «Darle a los políticos del PP. Cualquier político del PP es objetivo... Haced acciones directas».

Dos años después, el terrorista José Ignacio Guridi Lasa averiguó el domicilio del periodista José Luis López de la Calle en el pueblo de Andoain (Guipúzcoa), y le pegó cuatro tiros cuando volvía a casa de comprar los periódicos. Era el 7 de mayo del año 2000. Pero la orden, la elección de la víctima, la había tomado lejos de allí el entonces jefe militar de ETA, Javier García Gaztelu, alias «Txapote». Se reunieron en Francia y les instó a matarle: les dio literalmente su nombre y apellidos. La Audiencia Nacional explicó al condenar a Txapote que la elección del periodista, un librepensador que plantó cara al terrorismo con la palabra, era parte de «una estrategia marcada por miembros relevantes de la organización y transmitida a los ejecutores» por los dirigentes etarras.

Esta secuencia -la transmisión de órdenes desde la cúpula de ETA a los pistoleros que se movían en el terreno- demuestra la estructura jerarquizada con la que operó durante sus cincuenta años de historia la banda terrorista, que asesinó a 857 personas hasta que fue derrotada por la democracia. Los jefes de la banda terrorista asumían e imponían todo el poder.

La propia Audiencia Nacional ha descrito en sus resoluciones la cadena de jerarquía que operó en ETA. En el auto en el que procesó a cinco dirigentes etarras por lesa humanidad, el juez Juan Pablo González resumía este funcionamiento. «Lo que caracteriza a la organización es que el núcleo de la dirección adopta las decisiones de especial relevancia, y los miembros subordinados, que son fungibles, es decir, susceptibles de ser sustituidos por otros en las mismas condiciones, las ejecutan sin poder formular objeción alguna a las órdenes que reciben de la dirección o de los responsables de los aparatos político y militar», explica el magistrado sobre ETA.

En ocasiones, sin embargo, las órdenes no eran tan concretas como en el asesinato de López de la Calle. A veces, los jefes daban las últimas instrucciones cerca de la frontera con Francia sin ordenar un atentado concreto.

572 sentencias analizadas

Esa jerarquía disciplinada, sin embargo, se ha plasmado en muy pocas condenas como inductores o autores intelectuales a los jefes etarras que daban las órdenes asesinas. Covite -el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, presidido por Consuelo Ordóñez- ha analizado 572 sentencias españolas referidas a un total de 362 atentados.

De ellos, en solo 26 hay condenas al autor intelectual, repartidas entre nueve dirigentes etarras, entre ellos los sanguinarios Santiago Arróspide, conocido como «Santi Potros», o Francisco Múgica Garmenda, alias «Pakito».

El análisis de Covite -que cumplió el pasado sábado 20 años de «resistencia» frente al terrorismo etarra- ha abordado todas las sentencias conseguidas por el colectivo, fechadas desde el año 1977. No están todas las sentencias relativas a ETA, pues algunas han sido expurgadas, están en trámite o cuentan con diligencias pendientes. Pero su estudio muestra como un espejo el diagnóstico: la Justicia no ha conseguido, en muchos casos, condenar a los jefes etarras que se escondían fríamente detrás de cada asesinato. Solo el 7,1 por ciento de los atentados tienen la autoría intelectual resuelta.

Por los asesinatos de Gregorio Ordóñez en 1995 o de Miguel Ángel Blanco en 1997, por ejemplo, no hay ningún jefe condenado por ordenar la acción.

Entre los atentados con condena al inductor hay cinco ordenados por el ya liberado Santi Potros: las muertes de Ángel Postigo en 1980; el asesinato de Rafael Garrido, Daniel Garrido, Daniela Velasco y María Teixeira en 1986; el de Juan Fructuoso en 1987; el de Carmen Pascual Carrillo en 1987; y el atentado de Hipercor, en el que ETA asesinó a 21 personas que hacían la compra. El inductor de las mayores matanzas etarras -condenado a más de 3.000 años de prisión- salió de la cárcel el pasado cinco de agosto tras cumplir 30 años.

Las víctimas de «Pakito»

El otro dirigente del hacha y la serpiente que más veces ha sido condenado como autor intelectual es «Pakito», el jefe militar de la cúpula etarra entre 1989 y 1992, dirección que compartió con José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», y José Luis Urrusolo Sistiaga, «Fiti». «Pakito», según las sentencias analizadas por Covite, ha sido condenado por ordenar los asesinatos de Ángel José Ramos Saavedra y Manuel Rivera Sánchez en 1987; de Carmen Pascual en 1987; el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987; el asesinato de Luis Delgado Villalonga y Jaime Iglesias Bilbao en 1988; el de Ignacio Barangua y José María Martín Posadillo en 1989; el de Conrada Muñoz en 1989; el de la fiscal Carmen Tagle en 1989; el de José María Martínez Moreno en 1989; y el de Antonio Ricondo, Julia Ríos y Eutimio Gómez en 1992.

Además, junto a sus compañeros de dirección, «Txelis» y «Fiti», también fue condenado como inductor del crimen del catedrático Manuel Broseta, miembro del Consejo de Estado. Los tres decidideron asesinar a Broseta «al considerarlo objetivo primordial por su gran relevancia», según narra el libro Vidas rotas, sobre las víctimas. Los jefes etarras ordenaron a los miembros del comando Ekaitz matarle, y les informaron sobre los hábitos del catedrático, que fue asesinado cuando caminaba con una alumna por los jardines de la Universidad de Valencia.

Enrique López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, explica a ABC las dificultades para demostrar una autoría intelectual. «Requiere algún tipo de prueba que relacione al instigador del atentado con el hecho, más allá de ostentar algún tipo de jefatura en la organización terrorista». Admite López -que juzgó atentados etarras cuando formó parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- que en el caso de ETA es más fácil que en el yihadismo, donde las estructuras de las células están más desdibujadas. «Hay que acreditar un vínculo con el hecho concreto», condensa.

En todas las condenas ha sido decisiva la prueba sobre reuniones previas al atentado en Francia, la confesión de un miembro del comando, o la incautación de órdenes escritas.