Los socios de Sánchez se negaron a firmar el pacto antiyihadista

Podemos, ERC y PNV se niegan al acuerdo de Estado que prevé prisión permanente para los terroristas

Rafa Mayoral, tras asistir como oyente a una reunión del pacto antiyihadista en 2017 JAIME GARCÍA

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«En la lucha contra el terrorismo del Daesh, como cualquier otro tipo de terrorismo, no se puede ser observador, o se está o no se está». Son palabras en noviembre de 2015 de Pedro Sánchez, entonces al frente del PSOE y la oposición, pronunciadas ante la reiterada negativa de Podemos a incorporarse al pacto antiyihadist a que el propio Sanchez propuso e impulsó como una cuestión de Estado.

Año y medio mas tarde, con el atentado de Barcelona y Cambrils aún caliente, volvieron a rechazar firmar ese acuerdo la formación de Pablo Iglesias, pero también ERC y el PNV, precisamente los aliados que acompañan al hoy ya Presidente de un Gobierno que ha despertado , cuanto menos, la inquietud de las víctimas aún antes de echar a andar.

Imprescindible en esa investidura que culminó ayer ha sido la abstención de EH Bildu , heredero político de ETA, que ni esta ni se le espera en un foro de unidad contra el terror, al que el anterior Ejecutivo hizo incluso el esfuerzo de invitarles.

Conviene recordar que España mantiene un nivel de alerta antiterrorista 4, un escalón por debajo del máximo, reforzado desde el doble ataque de Cataluña, lo que significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con la comunidad de Inteligencia, trabajan en el escenario de una amenaza extrema, de ningún modo disipada con el desmontaje del engendro califal del Daesh en los territorios de Siria e Irak. Este año pasado, el número de detenidos por actividades de corte yihadista ha ascendido dentro de nuestro país a 58, muy por encima de los 29 arrestos de 2018, lo que ha sido posible en parte gracias a la reforma del Código Penal de 2015 -fruto del pacto antiyihadista- que tipificó o elevó la pena para prácticas como el adoctrinamiento, autoadoctrinamiento o enaltecimiento, hasta entonces consideradas previas al delito de terrorismo, pero no terrorismo en sí.

Tras la rúbrica, en febrero de 2015 en La Moncloa, de este pacto con Mariano Rajoy, Sánchez subrayó su convicción de que solo un frente común, por encima de ideologías, como el que condujo al fin de ETA, serviría para derrotar al yihadismo. «El PSOE y el Gobierno hemos dejado a un lado nuestras diferencias políticas para firmar el pacto. Era lo que había que hacer y estamos felices de que haya sido respaldado por el Parlamento Europeo», se felicitaba. Después no ha ahorrado críticas, en particular contra Podemos por quedarse voluntariamente al margen y querer figurar solo como «observadores» en las reuniones de seguimiento del acuerdo.

«Le pido a Pablo Iglesias que reflexione y rectifique -apeló de forma directa Sánchez tras los atentados de París de noviembre de 2015-. Los españoles no entenderían que los demócratas no estemos unidos. El terrorismo no entiende de territorios ni ideologías y tiene que encontrar el muro de los demócratas», dijo.

Podemos nunca ha sido claro sobre los motivos que le impiden sumarse a este marco, aunque ha criticado que «restringe derechos». Cabe recordar que el pacto prevé que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la «máxima pena privativa de libertad», que ya en el momento en que se discutió el texto con el PSOE se sabía que iba a ser la prisión permanente revisable, luego aprobada por el PP. Los de Iglesias jamás han ocultado su rechazo a esa herramienta penal y Sánchez siempre hizo notar su distancia con respecto a esa misma figura, que ha prometido suprimir cuando llegara al poder.

En la misma línea, el PNV ha excusado para no firmar que el pacto «está ligado a la cadena perpetua» y que la Ertzaina estaba fuera de Europol, exigencia que se satisfizo en 2017. En cuanto a ERC, también creen que «recorta derechos de la ciudadanía». Ambos partidos comparten con Podemos la condición de «observadores», al igual que el PDeCat.

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