Los seis principales partidos prometen un pacto anticorrupción tras las elecciones

Los seis principales partidos políticos se comprometen a apoyar un pacto de integridad y contra la corrupción tras el 20-D. Así lo dijeron representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD y Ahora en Común (IU), emplazados a ello por Transparencia Internacional, ONG dedicada a combatir la corrupción. Todos los partidos consultados dieron un claro «sí» a la iniciativa, aunque algunos, como Ciudadanos y Podemos, incluso proponían ir más allá en los planteamientos e involucrar no sólo a partidos, sino también a la sociedad civil.

Transparencia Internacional ha ofrecido además a los partidos un conjunto de 40 medidas legales y sociales para combatir la corrupción y otras 45 específicas referidas a la contratación pública, como sugerencias para sus programas electorales.

Ambos paquetes han sido elaborados por comisiones de expertos entre los que se encuentran miembros de la Fiscalía Anticorrupción, jueces y magistrados, componentes del Tribunal de Cuentas, de las Fuerzas de Seguridad, la Universidad, ONG, órganos de control o colegios profesionales.

Entre ellas, están algunas como el compromiso de los representantes públicos de no efectuar operaciones con paraísos fiscales, despolitizar la elección del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado y otros; eliminar el aforamiento, limitar los mandatos, o regular por ley los «lobbies».

Calidad democrática

En un debate organizado ayer en la Fundación Ortega-Marañón, los partidos dieron un sí claro a apoyar un pacto contra la corrupción tras el 20-D. El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, repartió juego entre los seis representantes políticos, que con toda educación deslizaron sus críticas hacia los otros.

Muchas de ellas fueron contra quien era portavoz del partido en el Gobierno, Agustín Conde (PP). Este comenzó negando la mayor: que se hablara de regeneración democrática, porque ello «implica ya un minusvalor; es dar por sentado que hay baja calidad democrática», cuando a su juicio España es «una de las grandes democracias del mundo». Sí asumía la necesidad de mejorar, pero también recordaba lo realizado en materia legislativa durante este mandato, cuando se han aprobado «la reforma de la ley de financiación de partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, la ley de transparencia y la reforma del Código Penal». En todo caso, Conde cree que «la corrupción es inherente al ser humano», y recordó que la filosofía de su partido es «que cada palo aguante su vela, y quien delinque, que responda por ello».

Democratización interna

Ignacio Urquizu (PSOE) alertó sobre la «desafección ciudadana hacia la democracia» y la mala calidad de la española: facilitó el dato de la Universidad de Essex, que nos daba una puntuación de 6,2 en 2008 «y ahora nos puntúa con un 5,2».

Sitúa a su partido en el punto medio entre «quienes quieren demoler las instituciones y los que quieren dejarlas como están». Propone un Parlamento «donde el presidente tenga que comparecer cuando se lo pidan», limitación de mandatos, proteger a los funcionarios que denuncien corrupción -algo en lo que coincidió con el representante de UPyD, Julio Lleonart-, «democratización interna de los partidos y medios de comunicación de calidad».

Dolores González (Ciudadanos) criticó especialmente la politización de instituciones como la Justicia, y exigió una «ley real de transparencia» que «vaya mucho más allá» de la actual. Y también alertó sobre la «mala praxis» en la contratación pública, origen de mucha de la corrupción existente. No creen en el partido naranja que se trate de «algunas manzanas podridas», sino de «una estructura de corrupción que lleva demasiados años funcionando».

Lo legal y lo moral

Desde Podemos, su portavoz en el debate, Miguel Ongil, se mostró partidario de una reforma «institucional y constitucional» que blinde cinco puntos: «Una justicia independiente, los derechos sociales, la profundización en la democracia, resolver en las urnas los problemas territoriales y erradicar la corrupción». Hizo hincapié en la repercusión económica de los corruptos: «El 3 por ciento que se llevan esos partidos -dijo, recordando la cifra de presuntas comisiones en contratos públicos cobradas por algunas formaciones- son nuestros recortes».

Para Eva Abril (IU), «los delitos prescriben judicialmente, pero no moralmente». Leyes más severas contra el enriquecimiento ilícito, inhabilitación por 30 años para ocupar cargo público para los condenados; o devolver «el dinero robado», están entre sus propuestas. Julio Lleonart (UPyD) también pidió una ley de transparencia más eficiente, e introducir el delito de «malversación imprudente» del erario público.