Las seis primeras horas son claves para resolver una desaparición
Más de 12.000 familias conviven con la condena de no saber dónde están sus seres queridos
Ni 48 horas, ni 24. Adiós al mito de esperar para acudir a un cuartel o a una comisaría cuando desaparece una persona. Al padre de Marta del Castillo le dijeron que esperara y para entonces su hija ya estaba muerta. « Las seis primeras horas son claves y hay que denunciar cuanto antes ». Son palabras del comandante Manuel Ruiz, al frente de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almería. Ese periodo estándar aparece en varios estudios internacionales. «Está demostrado que en esas primera horas, seis arriba o abajo, es cuando más gente aparece», recalca el oficial. Ruiz es uno de los 120 agentes que integra la red de responsables policiales creada por Interior para dar respuesta a los miles de casos de desaparecidos: dos por provincia, uno de Policía y otro de Guardia Civil. Ellos deben coordinar las búsquedas, ser el enlace con otros Cuerpos y los interlocutores de las familias.
A principios de este año, se seguía buscando a 12.330 personas. Son las llamadas desapariciones activas, una cifra detrás de la que se esconden historias de angustia y dolor de miles de familias, etapas sin duelo posible, preguntas que se amontonan. Desde 2010 cuando se puso en marcha la sistematización de datos en la base de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar (PDyRH) se han presentado 176.063 denuncias, de las que el 93 por ciento se han esclarecido. Algunas son antiguas. En ese dato se incluyen 1.180 casos procedentes de los archivos policiales que seguían sin resolverse; de ese millar largo que estaba pendiente, quedan aún 852 activas.
Ahí están, parapetados en una fotografía rodeada de incógnitas, Luis Rodríguez que fue visto por última vez en 2005 en Durango, cuando tenía 58 años; María del Pilar Tolosa, que desapareció en 2008 en Logroño a los 64 años; Leonor Caro, de 29 años, de la que no se sabe nada desde 1986. La lista de pendientes aglutina ancianos sin memoria que no supieron regresar a casa; menores fugados, niños secuestrados por uno de sus padres o adolescentes engullidos, como Malén Ortiz, que desapareció en Calviá a los 15 años o María Teresa Fernández, cuyo rastro se perdió en Motril en el año 2000 . Ellos y muchísimos más.
Los investigadores recalcan que nunca se deja de buscar y que los casos no prescriben, pero el tiempo es un factor endemoniado que mina a quienes les toca ese mal sueño. «Vivimos como si hubiéramos sido condenados a cadena perpetua», dice Antonio Fernández, padre de María Teresa, que hace cuatro años tuvo que pasar por el trance de pedir que a su niña (tenía 18 años cuando fue a la feria de Motril y se la tragó la tierra) la declararan fallecida para que sus otras dos hijas no tuvieran problemas legales si él o su mujer morían. Antes, había gastado varios miles de euros siguiendo pistas falsas de desaprensivos.
En función de la causa
La de María Teresa se considera una desaparición forzosa , de acuerdo a la nueva clasificación fijada, según la causa posible que la ha motivado. Las otras dos categorías son desapariciones voluntarias e involuntarias. Entre las voluntarias están las fugas de menores de sus casas o de centros de protección (aquí se incluyen los menas) y las de adultos que deciden cerrar la puerta de su vida anterior sin dar explicaciones. Se consideran desapariciones involuntarias aquellas que se producen por causas externas y ajenas a la intención de la persona, pero que no tienen un origen criminal.
Dentro de este segundo grupo están las que no tienen causa aparente, que pueden convertirse en voluntarias, involuntarias de otro tipo, o incluso forzosas a medida que se descubren hechos. Son también involuntarias las de quienes padecen trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, las de discapacitados, ancianos con deterioro y las que se producen tras accidentes y catástrofes.
El tercer grupo, las forzosas, es el que engloba las que tienen su origen en un hecho criminal, con tres categorías: las de mayores o menores con base delictiva (secuestros, trata, detenciones ilegales, sectas, etcétera); las sustracciones parentales de niños (nacionales o internacionales) y los echados/expulsados del hogar (menores y discapacitados). Estas últimas no las suelen denunciar sus padres o tutores legales.
La denuncia hay que presentarla siempre, al margen de la causa que haya provocado la desaparición, ante la unidad policial más cercana y en el menor tiempo posible. Eso sí, los familiares o amigos deben hacer antes unas comprobaciones mínimas -que pueden durar unos minutos- en la casa o el lugar donde se supone que debería estar esa persona. «Se dan casos de padres que denuncian que su hija adolescente no ha vuelto a casa y ni siquiera han llamado antes a sus amigos porque se han bloqueado», cuenta la teniente de la Guardia Civil Rosa Touris, coautora del Protocolo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas. Touris, destinada en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), apuntala la importancia de esas primeras horas. El 55 por ciento de los casos se resuelven en los tres primeros días; el 22 por ciento entre los cuatro y los diez días; el 11 por ciento se tarda hasta un mes y el 12 por ciento más de un mes... o nunca. Las denuncias por menores suponen el 66 por ciento.
Agentes taxistas
«Tenemos muchos casos de chicos que se van de los centros, pasan el fin de semana fuera y el domingo por la noche o el lunes se presentan en un cuartel y nos utilizan como taxi. Solo en Almería hay más de cincuenta centros de menores», explica el comandante Ruiz.
Olga Lizana, inspectora jefa de Policía Judicial en Toledo, refrenda las cifras y la opinión de Ruiz, y llama la atención sobre la amplia casuística que engloban las desapariciones y que obliga a utilizar herramientas diferentes en cada caso. «Las desapariciones pueden mutar de una a otra. Empezar como voluntaria sin causa aparente y cambiar a forzosa», señala Lizana. El comandante recuerda el recién juzgado asesinato del pequeño Gabriel Cruz al que buscaron durante doce días. «Ana Julia vino dos o tres veces al cuartel. Casi desde el inicio fue nuestra sospechosa por cómo nos contaba los hechos, cómo pretendía dirigirnos a otras personas, pero existía la posibilidad de que el niño estuviera retenido» . Ambos, miembros de la red policial especializada, coinciden en que el olfato policial sigue siendo el mejor aliado.
Ellos no lo dicen, pero no es infrecuente que se topen con un muro judicial si no hay visos criminales claros. El instructor se lo piensa a la hora de limitar derechos fundamentales: pedir unos posicionamientos telefónicos o pinchar un móvil. Y si hay un delincuente detrás de la desaparición aprovechará su ventaja.
Las personas desaparecidas son la gran asignatura pendiente: el CNDES, el contacto con las familias, el protocolo y la red policial pretenden mitigar ese abandono. Sus miembros, todos policías judiciales, llevan dos semanas formándose y compartiendo experiencias. Entre ellos están los que buscaron a Gabriel, a Blanca Fernández, o a Diana Quer ; también los que buscaron a personas anónimas y los que siguen con la esperanza de encontrar al resto: más de 12.000.
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