Romero de Tejada dice que la sede del PP de Majadahonda se financió con lotería y cenas benéficas

Ricardo Romero de Tejada, exsecretario del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y exregidor de Majadahonda entre 1989 y 2001, y JoséManuel Fernández Norniella, excoordinador de las campañas de la formación regional entre 1999 y 2005, han declarado este miércoles como testigos en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel a petición del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, cuya defensa solicitó su comparecencia para «aclarar cuál era la operativa de financiación de los distintos distritos y municipios, así como de la regional del PP de Madrid», y desvirtuar así la acusación que pesa sobre él por la presunta financiación ilegal de la formación en Majadahonda.

Tras cerca de una hora y cuarto de interrogatorio, Romero de Tejada ha manifestado que si bien fue él quien propuso a Ortega como su sustituto al frente de la alcaldía, a partir de ese momento no intervino «ni en sus decisiones ni en su devenir».

Preguntado por cómo se financió la sede del partido en Majadahonda, ha asegurado que los recursos que se utilizaron en la misma procedieron de «las aportaciones de los afiliados, de la compra de loterías, de la realización de cenas benéficas y de las aportaciones de los cargos electos». «Que yo sepa no había aportaciones de terceros. No existían donativos de particulares ni de empresas», ha manifestado.

También ha rechazado haber recibido instrucciones de Génova para favorecer a empresas privadas mediante la adjudicación de contratos públicos, en contradicción con lo declarado por el propio Ortega, quien afirmó que el extesorero Álvaro Lapuerta le encargó la licitación de servicios municipales a las mercantiles del empresario Joaquín Molpeceres, que aparece en los «Papeles de Bárcenas» como donante de 60.000 euros.

En este sentido, ha señalado que durante el periodo en que fue alcalde de Majadahonda «no hubo ni un contrato del ayuntamiento con las empresas del señor Correa, y si lo hubo habría sido algún contrato menor que no llegó a mi conocimiento». A este respecto, ha dudado de que Guillermo Ortega se ocupara de gestionar los servicios que el empresario ofrecía para organizar los actos electorales de los populares. «Me imagino que estaría más a captar electores». «Yo no me reunía con él para fijar los actos. Majadahonda y Pozuelo no eran municipios prioritarios para nosotros», ha manifestado.

De igual modo, ha explicado que si bien era la organización regional del partido la que diseñaba las diferentes campañas electorales en la comunidad de Madrid y en los distintos ayuntamientos, lo cierto es que los mismos «tenían una autonomía casi total» para utilizar sus recursos económicos.

Finalmente, Romero de Tejada ha señalado que ni tenía relación con Luis Bárcenas ni conocía las cuestiones financieras ni los presupuestos electorales. «En los municipios el tesorero se encargaba de controlar los gastos e ingresos. Los presupuestos de las campañas regionales los llevaban los tesoreros regionales, y en el ámbito nacional, los nacionales».

Tras él ha declarado Fernández Norniella, excoordinador de las campañas electorales de la formación, que ha manifestado que su papel se limitaba a preparar «la estrategia, los mensajes, la logística y la organización de las personas» que participaban en las mismas. En cuanto a la financiación, ha señalado que existe un presupuesto a nivel nacional que después se divide entre las diferentes provincias. «Al municipio se le administra y después cada uno lo gestiona». Pese a ello, ha señalado que debido a su baja en las filas populares en 1998 desconoce lo sucedido con Guillermo Ortega.

Ambos exdirigentes, que resultaron condenados por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia y procesados por la salida a Bolsa de esta entidad, han testificado junto a la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid Carmen Rodríguez Flores y al ex consejero delegado de la empresa pública Campo de las Naciones Jorge Barbadillo, cuyo interrogatorio también fue propuesto por la defensa del exalcalde de Majadahonda, para quien el Ministerio Público solicita 50 años y cuatro meses de prisión.

Preguntados por una comida en la que Barbadillo y Ortega se habrían encontrado con Rodríguez Flores y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en la que la exdiputada madrileña le habría dicho al exregidor que las quejas recibidas por Lapuerta del empresario dueño de Licuas y Coarsa, Joaquín Molpeceres, habían sido las que le habían costado el cargo, ya que este se había molestado porque Ortega no le había licitado una serie de obras públicas en Majadahonda, la exdiputada negó la conversación y dijo no tener «ni idea de si Ortega ha tenido que dimitir por las quejas del señor Molpeceres». «Yo soy una señora y si veo a dos señores no me acerco a su mesa», ha dicho, para añadir que nunca ha hablado con Ortega ni ha comido con Barbadillo.

Quién sí ha confirmado la conversación ha sido el propio Barbadillo, que ha dicho que fue Rodríguez Flores la que se acercó a ellos para relatarles que tanto la salida de este del consejo de administración de la empresa Campo de las Naciones como la de Ortega de la alcaldía de Majadahonda se habían debido a «no ayudar suficientemente a Molpeceres en un tema con José Luis Moreno. Ella nos marcó las pautas que teníamos que haber seguido», ha dicho. «Lapuerta no hablaba, pero asentía con la cabeza todo lo que ella decía», ha añadido. Cabe señalar que el extesorero no ha declarado para aclarar este extremo debido a que se encuentra en un estado de demencia sobrevenida, lo que también ha motivado que se archive la causa seguida contra él.

«Carmen decía que José Luis Moreno le daba muchísimo dinero al partido y que había que ayudarlo como fuera», ha explicado Barbadillo en relación con una concesión municipal para edificar un palacio de la ópera que presuntamente perseguía el empresario pero que no prosperó.

Cabe señalar que el interrogatorio de estos ex altos cargos fue acordado por la Audiencia Nacional en el auto por el que también accedió a la declaración del presidente del Senado, Pío García-Escudero, propuesto por el abogado de Ortega, que comparecerá el próximo día 26 junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya declaración fue propuesta por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE).