Los partidos no reducirán la nueva campaña electoral, pero sí sus costes

«El Rey ha expresado su deseo de que los partidos no cansemos a los electores y no hagamos una campaña especialmente gravosa para la economía del país», explicó ayer el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca tras salir de la audiencia con el Monarca, dentro de la tercera ronda de consultas que se llevan a cabo desde este lunes. Su comentario dio lugar a un encendido debate en el que las distintas fuerzas políticas se han ido posicionando. La conclusión general es que la nueva campaña no podrá ser más corta -habría que modificar la ley para ello-, pero sí menos costosa.

Fue UPN la pionera en abrir la cuestión, al plantearla en carta enviada el 13 de abril al presidente del Congreso, Patxi López.

En ella proponía reducir al menos un 30 por ciento el coste de la campaña y destinar ese dinero ahorrado a gasto social.

En el PP fue su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, el encargado de recoger el guante: abogó por una campaña «de tiro corto», «sencilla, muy pegada a la calle» y que aproveche la buena climatología que se prevé en junio para realizar muchos actos al aire libre, lo que abaratará al no ser necesario alquilar locales. «Reducir gastos es positivo», entienden los populares.

Otra cosa es reducir la duración de la campaña, algo que no ven posible porque para ello habría que modificar la ley, lo que parece inviable en la actual situación y con el escasísimo margen de legislatura que queda por delante -si no hay acuerdo antes, se disolverá el 3 de mayo-.

De la sencillez de la campaña que el PP tiene en mente da idea la definición que, en clave de humor, hizo el propio Casado: «No digo campaña de megáfono, pero casi», con actos a imagen de los que se vieron ya en la última campaña: «Un atril en la calle con Suárez Illana, en Ávila; o Rajoy subido en un banco público de un parque de Benavente, en Zamora».

Lo que no ven claro otras formaciones, como Nueva Canarias, es eliminar el «mailing», el envío de papeletas de votación a domicilio. Como explicaba su diputado Pedro Quevedo, «Este es el elemento más caro, pero es muy difícil de eliminar» porque mucha gente lo prefiere por ser la máxima expresión de la confidencialidad a la hora de emitir el voto. Otras cuestiones que sí pueden mejorarse, indica Quevedo, son «mejorar los espacios electorales, o limitar el gasto en cartelería y cuñas radiofónicas».

PSOE: de 13 a 9 millones

Los socialistas, por su parte, están de acuerdo en que haya una rebaja del gasto electoral, pero recuerdan que ellos ya lo vienen haciendo desde 2008. En concreto, la campaña electoral para la reelección de José Luis Rodríguez Zapatero aquel año costó 13,04 millones de euros y la de Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales de 2011, cuatro años más tarde, ya costó 12,83 millones de euros. A partir de la debacle socialista de aquel año, cuando el PSOE perdió en menos de un año 2.262 concejales, 55 diputados autonómicos y 59 diputados nacionales, que aportaban a las arcas del partido el 10% de su sueldo, Ferraz empezó a apretarse el cinturón. Y aunque ha mejorado algo la situación respecto a hace cuatro años -porque recuperaron alcaldías, concejalías, diputaciones y gobierno autonómicos en las elecciones del 24-M de 2015-, lo cierto es que en las elecciones generales del 20-D solo gastaron 9,16 millones de euros (casi cuatro menos que lo que gastó Zapatero en 2008).

El PSOE ya renunció por problemas presupuestarios a poner vallas publicitarias en las europeas de 2014 que encabezaba Elena Valenciano. Ahora están dispuesto a un pacto de reducción de gasto, pero, como el resto, no están dispuesto a prescindir de algo que consideran básico: el mailing; que el votante tenga la papeleta en su casa preparada para ir a las urnas el 26-J.

Desde Ciudadanos también son partidarios de alcanzar algún tipo de acuerdo para reducir los costes de la campaña. En la dirección del partido señalan que todavía no han empezado a estudiar fórmulas concretas, pero apuntan a que desde 2010 ellos vienen proponiendo en Cataluña el envío de las papeletas de todos los partidos en un envío conjunto. No son partidarios sin embargo de cancelar este envío, porque consideran que es fundamental en algunos núcleos rurales.

De lo que no son partidarios es de hablar de reducir en el tiempo la campaña. «Hablar de plazos es una tomadura de pelo», señalan desde la Ejecutiva. «No tiene sentido hablar de campaña más corta o más larga», apuntan, porque esto es un asunto que viene determinado en la legislación. Creen que plantear el asunto cuando no existe ninguna posibilidad para una modificación legal no conlleva más que a generar frustración.

Si reconocen que ante el cansancio ciudadano, al que hizo referencia el Rey, quizás deba imponerse un tipo de campaña diferente. Más calle y menos pabellón. «El que quiera llenar uno igual se queda solo», ironizan.