Moncloa rechaza abrir un debate que alimente a Iglesias
Sánchez rebaja su "hoja de ruta" a unas normas, como las que aplicó el Rey en 2014
El Gobierno quiere impulsar el llamado proceso de modernización de la Monarquía sin excesiva publicidad y sin abrir la puerta a un debate que considera que podría volver a tensionar la coalición y a generar un debate que fracturaría su esquema de alianzas para sobrevivir.
Fuentes gubernamentales remarcaban ayer que ningún miembro del Gobierno había defendido abiertamente la necesidad de diseñar una ley de la Corona. Si bien es cierto que tanto Pedro Sánchez como Carmen Calvo mantuvieron viva esa puerta al no descartarla en los últimos días a preguntas concretas sobre esa nueva norma. Lo hacían tras una publicación en el diario «El País» en la que se exponía que el Gobierno iba a desterrar esa opción.
En el Gobierno, en su parte socialista, quieren evitar un debate abierto sobre la Monarquía. «Un debate sobre la Jefatura del Estado es sinónimo de inestabilidad» , resume un alto cargo del Gobierno. «Hay una parte importante de nuestro partido y de nuestro electorado que no asistiría con comodidad a un debate sobre esta cuestión. Es un debate enormemente divisivo para el PSOE», reconocía ayer un presidente autonómico en conversación con este periódico.
La estrategia que quiere desarrollar Sánchez es un complejo equilibrio en el que aparece como parte que demanda una modernización de la institución a la vez que intenta aparecer como un aliado de Felipe VI. Y trasladar la idea de que la «hoja de ruta» está pactada entre ambos. Y lo que destacan en La Moncloa es que hay «buena interlocución» , que en el Gobierno centraliza de forma habitual la vicepresidenta Carmen Calvo.
El Gobierno defiende que existe buena interlocución con Zarzuela a través de Carmen Calvo
El debate sobre una eventual ley de la Corona ha sido alimentado, por tanto, por el propio Gobierno dentro de esta estrategia. Ese proceder es el que no ha gustado nada en el PP.
Pablo Casado denunció que la oposición «se enteró por la prensa» de que el Gobierno quería hacer una ley sobre la Corona y «lealmente» dijo que siempre y cuando se reforzara la institución y la Jefatura del Estado estaría dispuesto a apoyarla: «Y ahora nos enteramos por la prensa de que quieren meter en un cajón esa supuesta ley de la Corona».
Es el último ejemplo de la nula comunicación que existe entre La Moncloa y Génova . Casado cree que todo ha sido un «globo sonda» para ver cómo afecta este asunto desde el punto de vista electoral. «Todo es así, una improvisación, una incompetencia, y demasiados engaños y propaganda», lamentó el líder del PP.
Ley enterrada
El Gobierno ha decidido por tanto enterrar la supuesta ley de la Corona 24 horas después de que varios expertos constitucionalistas advirtieran a través de ABC del error que supondría abrir un debate sobre la Monarquía con la coartada de protegerla.
Según los expertos, ese debate, que solo iba a contribuir a debilitar la institución, no existe en la sociedad española, ya que solo el 0,3 por ciento de los españoles, según el CIS, considera que la Monarquía es un problema, y «el peor favor que se puede hacer a la Corona es convertirla en un elemento de discusión, cuando lo que debe ser es un elemento de cohesión entre los españoles».
Una vez descartada esta ley, Sánchez ha rebajado su «hoja de ruta» a unas normas de autorregulación de la Casa del Rey. Sin embargo, estas normas ya existen desde 2014 . Y es que, cuando Don Felipe fue proclamado Rey y anunció «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo», estableció una serie de medidas de carácter interno.
Con estas normas reguló las incompatibilidades de la Familia Real, estableció un régimen jurídico de los regalos recibidos, aprobó un código de conducta para el personal de la Casa del Rey, sometió voluntariamente las cuentas a la auditoría externa de la Intervención General del Estado y firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Comercio para que asesore al Rey en su labor de apoyo a las empresas en los viajes al exterior, y otro convenio de asistencia jurídica con la Abogacía General del Estado. Todo ello sin que interviniera ningún Gobierno.
