El laberinto judicial de Corinna: de confidente de Villarejo a imputada por cohecho
Nuevos informes policiales ahondan en la contratación, por parte de la empresaria alemana, de los servicios del comisario, lo que implicaría cohecho
A Corinna Larsen se le complica su horizonte procesal. A la investigación que ya se estaba llevando a cabo en Suiza sobre sus negocios se suma ahora su citación, en calidad de imputada, en la Audiencia Nacional. Ha sido a instancias del juez Manuel García Castellón, que ha reabierto la denominada pieza Carol, basada en los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo con la ex amiga de Don Juan Carlos y que fue archivada en 2018. El magistrado ha citado a ambos a declarar como investigados los próximos 7 y 8 de septiembre, junto al empresario Juan Villalonga, quien les presentó, y al que fuera socio del entramado empresarial de Villarejo, Rafael Redondo.
Entre esas grabaciones se encuentran aquellas en las que Corinna aseguraba que el anterior Monarca había utilizado testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech y que había cobrado comisiones por mediar en la adjudicación del AVE a la Meca. El hallazgo de estos audios supuso la apertura de la citada pieza Carol, de la que se derivó la investigación sobre Don Juan Carlos que el pasado junio asumió la Fiscalía del Tribunal Supremo tras casi dos años en manos de Anticorrupción.
El antecesor de García Castellón, Diego de Egea, había archivado el caso el 7 de septiembre de 2018 al no ver indicios para seguir investigando ni al comisario jubilado ni a su socio , y tampoco «datos» ni «documentaciones» que probaran las afirmaciones de la mujer alemana sobre el anterior Monarca, quien, además, era inviolable.
Sin embargo, en el auto notificado ayer, el magistrado explica que después del sobreseimiento provisional, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones. En concreto, la reapertura de la pieza se dirige a esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, «sin perjuicio de que ello pueda llevar a otros tipos de infracciones».
El instructor detalla una de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen en la que ella expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
Ofrecimiento «insistente»
El comisario, en prisión provisional desde noviembre de 2017, ofreció sus servicios a la imputada «de forma insistente» y asegurando que disponía de «los mejores especialistas del mundo» y que era capaz de localizar bienes de cualquier persona donde quiera que los tuviera. Ambos hablan de «un tal Juan» –para el magistrado se trata de Villalonga– «como la persona que les puso en contacto y quien le dijo a Villarejo, según este mismo refiere, que tenía que ayudar a Corinna 'a muerte'».
Según el auto, en esta conversación el comisario pidió a la alemana teléfonos y demás información de su asistente, datos que le facilitó. También le dijo que en cuanto tuviera alguna información sobre el encargo, se lo haría saber «mediante un mensaje o personalmente».
«Corinna le da los datos de la persona, su nombre, apellidos y estado civil y explica cómo aparece en su vida esta mujer. Él le dice que va a analizar el tema a ver qué sale. Villarejo le dice que en un mes o mes y poco tendrá los datos, pero aparte de esto, si ella necesita cualquier cosa de cualquier parte del mundo, se le ofrece para facilitarlo, a lo que Corinna le responde que pueden hacer buen negocio», explica el juez. Para García Castellón es necesario esclarecer si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
Conexidad delictiva
Dado que el magistrado y Anticorrupción han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, García Castellón acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos.
El juez argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarejo, que se lucraba recibiendo importantes cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía. En el marco de esta actuación criminal, añade el auto, «pudiera haberse producido algún tipo de encomienda» por parte de Larsen a Villarejo para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información».
Noticias relacionadas
