El juez imputa a López Madrid por acudir a Villarejo contra la doctora Pinto
La Fiscalía define al comisario como «fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado» a un grupo de policías, convertidos en «mafia policial»
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón , ha acordado citar como investigado al que fuera consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, por acudir al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para dirigirse contra la doctora Elisa Pinto entre finales de 2013 y mediados de 2014, según un auto al que tuvo acceso ABC.
La investigación se sigue en la pieza separada número 24 de la treintena de líneas abiertas sobre las actividades del polémico policía y obedece a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que en inicio había rechazado integrar este asunto en la macrocausa Tándem pero en diciembre de 2019, atendió a un recurso de la defensa de la doctora Pinto y propuso la incoación de diligencias.
En concreto, se investiga si López Madrid contrató «los servicios del entonces Comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa para fines privados, en concreto, hostigar a María Elisa Pinto Romero, impedir que denunciase a dicho empresario, y una vez que le había denunciado por un supuesto acoso, poner a su disposición particular todos los resortes policiales necesarios para desacreditar a la denunciante».
Aquella denuncia se siguió en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que en septiembre procesó a López Madrid y a Villarejo por el acoso a Elisa Pinto durante meses que se saldó con su apuñalamiento en 2014 cuando estaba en presencia de uno de sus hijos, menor de edad. Villarejo siempre ha negado que fuera él quien agrediese a la doctora y de hecho, en uno de los audios que obran en el sumario de Tándem, ironiza con sus colegas sobre este asunto.
«Javierito, ponme un poquito de pasta»
Aunque ambas diligencias están conectadas, y de hecho a Villarejo se le intervino abundante documentación sobre ese procedimiento, las pesquisas en la Audiencia Nacional se centran la encomienda de López Madrid a Villarejo desde la perspectiva de que este fuera « uno más de los proyectos de 'gestión de crisis'» que desarrollaba para « clientes» en colaboración con el abogado de sus empresas Rafael Redondo .
Así, dado que Villarejo estaba en activo en la Policía cuando se habría producido el encargo, el juez cita a López Madrid, al comisario y a Redondo en una fecha aún por acordar por un presunto delito de cohecho , a la luz del material incautado que apunta a que efectivamente, existió esa encomienda, como anotaciones en la agenda y un DVD lleno de documentación sobre el caso.
El auto refleja en concreto la transcripción de un audio de enero de 2017 en el que el propio comisario «reconoce que reclamará a su cliente un pago por compensación a su actuación en el conflicto privado entre Elisa Pinto y el citado Javier López Madrid».
«Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un «embolao» y ni me has llamado para decirme ... (...) Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios», expone el comisario.
Una «mafia policial»
El juez atiende así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sitúa este encargo en el contexto de la macrocausa Tándem, en la que «se ha venido corroborando la actividad delictiva desarrollada por el investigado José Manuel Villarejo, guiada por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro que no puede ser considerada como ocasional o puramente individual».
Ese informe, fechado el 10 de noviembre y al que tuvo acceso ABC, razona que la actividad delictiva de Villarejo «aparece en la causa como un fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que aprovechando el manto de protección que le otorgarían sus respectivas condiciones de Comisarios, y contando con otros funcionarios policiales de menor nivel que Ies serían incondicionalmente fieles, se habrían convertido en una auténtica 'mafia policial'».
Esa «mafia», dicen los fiscales, «actuaría para la exclusiva satisfacción de su afán de lucro, protegido por un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado, información que además no dudarían en utilizar tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas».
