El juez detenido por pegar a su mujer fue sancionado cuatro veces
En sus alegaciones al Consejo General del Poder Judicial, calificó de «mamotretos» las causas que no resolvía
Tres multas que suman 3.100 euros y una suspensión de sus funciones durante tres meses. Son las cuatro sanciones que el Consejo General del Poder Judicial impuso en sólo tres años al juez que fue detenido en Granada la semana pasada cuando presuntamente maltrataba a su mujer en plena calle. Tras pasar a disposición judicial imputado por delitos de violencia de género y resistencia a la autoridad (se mostró desafiante y amenazante con los agentes que le arrestaron), quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.
El juez no es un desconocido para el órgano de gobierno de los jueces. Su nombre ha aparecido recientemente en los cuatro expedientes abiertos contra él que han terminado en manos de la Comisión Disciplinaria con propuesta de sanción por parte del promotor. La primera vez de esta hornada (el togado fue sancionado también hace más de una década pero sus antecedentes han sido cancelados) fue el 13 de julio de 2015; la última, el 12 de abril de 2018: los vocales le sancionaron con tres meses de suspensión por una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (desatención y retraso reiterado e injustificado). El promotor había propuesto nueve meses. Todavía no ha cumplido la sanción porque cuando el Pleno del CGPJ la ratificó, el 28 de junio de 2018, el juez estaba de baja, situación en la que se encuentra a día de hoy, según confirmaron a ABC fuentes del órgano.
«Los hechos acreditados reflejan no solo la importancia del retraso en el dictado de resoluciones judiciales, sino en su decisión de alterar el orden de resolución de los procesos judiciales de su competencia», señalaba la Comisión Disciplinaria. Así, y pese a ser objeto de distintas inspecciones y apremiado para sacar adelante resoluciones más antiguas, el juez las dejaba dormir en un cajón, hasta el punto de que a fecha 27 de junio de 2017 tenía pendiente dictar sentencia en 70 procedimientos, de los que 20 contaban con una antigüedad superior a los tres años y en nueve la antigüedad superaba el año, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso ABC.
Del examen de los casos de su juzgado, la Comisión Disciplinaria vio acreditada «una evidente y manifiesta dejación en el ejercicio de exclusivas competencias judiciales al haber incurrido en una desatención generalizada, trascedente y relevante», tanto en el aspecto temporal como en la vertiente cuantitativa del número de actuaciones procesales que se vieron afectadas por su conducta profesional. A juicio de los vocales, ese retraso temporal revelaba la existencia de un abandono «selectivo o interesado de asuntos», lo que afectó a los ciudadanos que son parte en esos procedimientos.
Una conducta «selectiva»
Como botón de muestra de esa conducta selectiva, señala el texto, es el hecho de que nueve de los asuntos pendientes de sentencia por los que el magistrado fue sancionado en julio de 2015, cinco estaban aún pendientes en junio de 2017. Se trataba de procedimientos ordinarios finalizados en 2011 y 2012. «El magistrado no respetó el dictado de resolución conforme al orden de conclusión (…) resolviendo asuntos más nuevos con preferencia a otros más antiguos, y ello pese a ser sido sancionado anteriormente por esta práctica, que todavía mantiene y acrecienta», apuntó la Comisión.
En el único trámite de alegaciones al que el togado respondió, se refirió a los asuntos pendientes como «mamotretos» y justificó su desatención en sus «dolencias» , sobre a las que el CGPJ no le constaba más que una operación de cataratas que no justificaba su conducta «selectiva» durante tanto tiempo.
En su recurso al Pleno del CGPJ contra la sanción impuesta por la Disciplinaria, el juez, además de sus «gravísimos problemas de visión», reprochaba al Consejo no haber tenido en cuenta «el sobreesfuerzo continuo y durante muchos años en la labor desarrollada». «Mental y físicamente se explota y agota al expedientado sin que precisamente los órganos gubernativos implicados, y que ahora sancionan, adopten medidas efectivas para adecuar la capacidad de trabajo de un juez a unos módulos de entrada razonables (…) Con su explotación se le aleja de toda vida familiar y social», lamentaba el magistrado.
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