Decreto Exhumación Franco
Sánchez da 15 días a la familia de Franco para ocuparse de sus restos
El Consejo de Ministros aprueba el decreto para sacar al general del Valle de los Caídos antes de final de año y decidirá su destino si los nietos no se hacen cargo de su cuerpo
El Ejecutivo procederá al traslado con o sin la autorización de la Iglesia: «España tiene instrumentos más que suficientes para proceder a la ejecución del procedimiento»
Cuarenta y tres años después de su muerte, Francisco Franco acapara la atención mediática en España, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y así seguirá siendo hasta que culmine el proceso de exhumación de su cuerpo del Valle de los Caídos, que el Gobierno planea para antes de final de año, pero que podría extenderse hasta doce meses, según las propias previsiones de La Moncloa. Los restos del franquismo protagonizan la acción política de Pedro Sánchez, quien enmienda así la tarea anterior, no ya del PP, sino de sus colegas socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero , en materia de memoria histórica.
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En su primer Consejo de Ministros tras el parón del verano, el Ejecutivo socialista ordenó iniciar el procedimiento urgente para exhumar los restos de Franco del mausoleo madrileño, donde yacen 33.000 víctimas de la guerra civil. Para ello, se aprobó una mínima reforma de la ley de Memoria Histórica , que será convalidada por el Congreso antes de un mes. El próximo viernes el Gobierno aprobará el procedimiento administrativo para desenterrarlo.
Ultimátum a los Franco
La familia tendrá 15 días de plazo para hacerse cargo de los restos y, en caso de negarse o no contestar al requerimiento, será el propio Ejecutivo el que decida el lugar «digno y respetuoso». La opción primera es inhumarlos en el panteón familiar donde descansan su esposa, Carmen Polo, y su hija, en El Pardo. Los socialistas insisten en que el traslado será «con decoro» , evitando darle más publicidad.
El retoque legal ideado por el Gobierno con la intención de evitar recursos jurídicos de la familia Franco consiste en añadir un tercer párrafo al artículo 16 de la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y una disposición adicional que recogerá el procedimiento de exhumación y traslado «legitimando al Consejo de Ministros» para su incoación y resolución. Se dispone lo siguiente en el texto: «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».
El Ejecutivo socialista se abstiene de momento de desenterrar al fundador de la Falange
El Gobierno argumenta que la presencia en el recinto de los restos mortales de Franco «dificulta» el cumplimiento de lo estipulado en la ley, de no exaltación del franquismo, y considera imposible rendir homenaje a las víctimas estando enterradas junto a su verdugo. Por el mismo argumento, el Ejecutivo socialista se abstiene de momento de desenterrar al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ya que fue «víctima de la contienda». Sin embargo, sugiere su traslado futuro para quitarlo del lugar preeminente que ahora ocupa en la basílica, junto a Franco.
Esa misma observación sobre la inapropiada presencia del general en el monumento fue la que hizo el comité de expertos nombrado por Zapatero en 2007 para resignificar el Valle de los Caídos. Pero el Gobierno se abstuvo entonces de remover nada dada la falta de consenso y el conflicto de competencias, que alcanzan a la Iglesia como custodio, a través de los benedictinos, de los restos funerarios en la basílica.
Ahora Sánchez ha dado orden inmediata de sacar al general, con o sin permiso de la familia y dando por hecho que la Iglesia autorizará la entrada de máquinas sin la consideración de la familia. «Franco no puede tener una tumba de Estado », recalcó ayer la vicepresidenta del Gobierno. Fuentes de Presidencia confiaron en que la aparente división entre los nietos del dictador favorezca el traslado de los restos. El interés general, asevera el PSOE, se antepone a los intereses de los descendientes, que tendrán «derecho a ser oídos» y podrán poner un recurso en contra ante «los órganos jurisdiccionales ordinarios competentes».
La «número dos» de La Moncloa fue la encargada de presentar el decreto de exhumación, que levantó una enorme expectación de medios nacionales y extranjeros. Calvo aseguró que la salida del dictador del Valle de los Caídos, donde están enterradas víctimas de ambos bandos de la guerra civil, es necesaria para «dignificar la democracia» y se apoyó en los reiterados mandatos del Congreso de los Diputados, el último de ellos, a través de una propuesta socialista aprobada en mayo de 2017 sin oposición política. También en una recomendación de Naciones Unidas.
La número dos del Ejecutivo criticó que PP y Ciudadanos pongan ahora objeciones «formales» a la exhumación, decretada por la vía rápida. «Sobre la urgencia de la exhumación , quien no quiera verlo, no lo ve. Todo lo demás son vueltas formales para parapetarse en sus últimas convicciones sobre el asunto. ¿Cuándo si no?», se preguntó Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que el Estado debió de impedir el «enaltecimiento» a Franco dándole eterno descanso junto al resto de víctimas de la guerra. «Vamos tarde, Nosotros también. Pero este Gobierno presidido por Pedro Sánchez ya no va a ir tarde», proclamó Calvo.
La vía del Decreto-Ley
El Ejecutivo está convencido de que, a pesar del rechazo de la familia Franco a mover los restos de su abuelo, la Iglesia –como custodio de la basílica– no se opondrá. «Nos vamos a mover donde se tiene que mover un Gobierno, en el respeto de los acuerdos con la Iglesia Católica, de los acuerdos con la Santa Sede», recalcó Calvo negando que la reforma de la ley de memoria histórica entre en colisión con estos. En todo caso, avanzó que el Estado tiene «mecanismos» para hacer cumplir la ley y forzar la exhumación, aunque no dijo cómo. «El ordenamiento jurídico español tiene instrumentos más que suficientes para, en su relación institucional con la Iglesia Católica, proceder a la ejecución del procedimiento. Sin más», aseveró.
El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros entrará en vigor 24 horas después de su publicación. El próximo viernes 31 el Gobierno acordará el procedimiento administrativo para iniciar la orden de exhumación, por el que se otorgan 15 días de plazo a la familia para que se haga cargo de los restos. «La familia podrá ser escuchada», insistió Calvo , que reconoció tener constancia de su oposición al traslado a través de los benedictinos de la basílica.
Si los Franco no se ocupan de los restos, será el Gobierno socialista el que decrete el lugar de inhumación, para lo cual podrá resignar el correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse el traslado. El Ejecutivo se da un plazo máximo de un año para cerrar este asunto. El Gobierno defiende esta medida porque considera «completamente inasumible para una democracia madura» como la española que exista «un monumento al dictador» donde convive con sus víctimas.
